La magistrada procesa a Riopedre y Otero por otro fraude y les impone cinco millones de fianza

«Atendiendo a las cantidades defraudadas» y para «asegurar las responsabilidades pecunarias» a las que se enfrentan, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo reclama a Riopedre y Otero que depositen una fianza solidaria de cinco millones. A Muñiz le pide 700.000 euros y a Sánchez, 4,3 millones. El auto les da «el plazo de un día» bajo el aviso de que si en las 24 horas siguientes no entra el depósito se les embargará «bienes suficientes para cubrir dicha suma, acreditándose en su caso su insolvencia en legal forma».

Contra la decisión cabe un recurso que es de esperar interpongan las defensas, lo que suspendería el plazo. En su escrito Llaneza indica que los cuatro se encuentran «actualmente cumpliendo condena en centros penitenciarios» por la condena que recibieron en el sumario principal del 'caso Renedo' y ordena que «desde el momento de su excarcelación» su situación pase a ser la de libertad condicional, con obligación de ir al juzgado a firmar los días 1 y 15 de cada mes y avisar si cambian de domicilio. En realidad Riopedre y Otero siguen saldando condena pero fuera de prisión por motivos de salud, mientras los empresarios continúan privados de libertad en la cárcel de Asturias.

A lo largo de 87 folios la magistrada-juez explica por qué estos cuatro condenados en el 'caso Renedo' deberían volver a ser juzgados. Según recuerda, en junio de 2015 tocaba presentar escrito de calificación en el proceso principal y el Principado inició «una investigación interna encaminada a determinar si el material que figuraba suministrado en 87 centros docentes públicos durante el periodo 2009-2010» por Igrafo y APSA «había sido efectivamente entregado».

Durante la fase de instrucción del 'caso Renedo' el Principado fue exhaustivo en lo tocante a aclarar todas las irregularidades que afectaran a los puestos ocupados por la funcionaria Marta Renedo, pero solo en 2015 accedió a hacer una averiguación parcial en Educación. La acotó a un periodo de 19 meses entre 2009 y 2010; tras revisar los expedientes concluyó que se pagaron cuatro millones a Igrafo y APSA por un mobiliario que no aparecía en los centros donde se suponía fue entregado.

La letrada del Principado quiso incorporar la pericial al inicio del juicio del 'caso Renedo', pero la Audiencia Provincial lo rechazó. Llegaba tarde, sin posibilidad de hacer verificaciones. Para que el supuesto fraude no quedara sin depurar, la Fiscalía cogió el informe y lo presentó como denuncia en el Juzgado de Guardia.

Con ese hilo del que tirar Llaneza fue citando como testigos a los directores de los centros donde se suponía habían sido entregados los materiales. Tras escucharles y verificar si sus firmas se corresponden con las actas de recepción que constan en los expedientes, considera que son fraudulentos 125 expedientes que reportaron 3,2 millones a APSA y 0,52 millones a Igrafo.

A los cuatro indiciariamente les reprocha delitos continuados de falsedad y malversación. A Riopedre y Otero les añade prevaricación. A Otero, Muñiz y Sánchez cohecho continuado. Entiende que los exdirectivos de Educación actuaron «concertadamente mediante la adjudicación de ingentes contratos de suministro de material» mediante resoluciones injustas; Otero «con la aquiescencia del consejero» habría diseñado un plan «con el fin de crear una apariencia de legalidad». Los empresarios se desviaron los fondos públicos «con el propósito de atender sus particulares fines lucrativos, con el consiguiente perjuicio para la Administración».