El 85% de las licencias urbanísticas ya no serán necesarias

Una norma para reducir los tediosos procedimientos administrativos a los que se tienen que enfrentar ciudadanos y empresarios a la hora de llevar a cabo proyectos de toda índole. Es lo que aprobó esta mañana, en forma de anteproyecto, el Consejo de Gobierno reunido en la Casa Bárcena de Carreña de Cabrales. La futura Ley de Medidas Administrativas Urgentes «busca aligerar los trámites a los ciudadanos, pero sin restar seguridad jurídica», según apuntó el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño. La nueva norma, que previsiblemente pasará por el Parlamento asturianos para su aprobación y entrada en vigor «en septiembre», permitirá «reducir o eliminar trabas administrativas, mejorando la eficiencia de procedimientos, fundamentalmente en sectores con una incidencia significativa en la economía como son la ordenación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente y el patrimonio cultural», enumeró.

Entre otras cosas, la nueva ley permitirá establecer qué proyectos deben someterse o no a las evaluaciones de impacto ambiental «más duras». Algo que «eliminará consultas a la Administración, al tiempo que reducirá costes y cargas administrativas». Lo mismo sucede con los instrumentos de ordenación del territorio, en cuyo caso se determinará cuáles deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria y cuáles a una simplificada. Así, la norma establece que los estudios de detalle que desarrollen planes generales y hayan sido objeto de evaluación ambiental no precisarán tramitar otra estratégica, lo que, de nuevo, «reducirá los plazos y aligerará los trámites», apuntó Cofiño.

En este sentido, también se suprimen las evaluaciones preliminares de impacto ambiental en espacios naturales, pues «la legislación básica ya es bastante conservadora y también asegura la protección de estos espacios».

En el caso del urbanismo, la intención es «reducir y simultanear trámites», de forma que los informes sectoriales preceptivos en la tramitación de un plan general de ordenación «se solicitarán en un único trámite ante la consejería competente» que, a su vez, «emitirá un informe único en un plazo de tres meses». «En la actualidad la tramitación de un plan general de ordenación lleva a los concejos una media de seis o siete años, llegando incluso a los quince en algunos casos», señaló el vicepresidente, aseverando que la nueva norma permitirá «una reducción muy notable de los plazos».

Otra de las principales novedades será la incorporación de la declaración responsable para obras menores y la supresión de la licencia previa de instalación y funcionamiento en diversas actividades comerciales y de servicios. Esto, explicó Juan Cofiño, afectará principalmente a los ayuntamientos, donde anualmente se registran en torno a 10.000 solicitudes de licencia de las que 8.500, un 85%, ya no serían necesarias.

También habrá cambios en materia de patrimonio cultural. Así, se pretende evitar el trámite de autorización previa de Patrimonio Cultural en determinados procedimientos urbanísticos de licencia de obras en entornos de protección de bienes de interés cultural (BIC) y en conjuntos históricos sin plan especial de protección, continuando la línea iniciada con la modificación, el pasado año, del decreto 63/2006 del Camino De Santiago. Como en los casos anteriores, indicó el vicepresidente, el objetivo es «agilizar la tramitación de autorizaciones y reducir plazos sin mermar la seguridad jurídica ni desproteger los bienes».

De igual forma se busca acelerar la tramitación de procedimientos municipales de declaración de elementos en ruina, que solamente serán necesarios cuando se trate de un BIC o un bien incluido en el Inventario de Patrimonio Cultural y en un catálogo urbanístico de protección con nivel integral. Asimismo, la nueva norma contempla evitar el trámite de autorización previa en obras de conservación y mantenimiento de elementos como los hórreos y las paneras con el fin de «evitar el posible deterioro que se produciría durante la espera entre la solicitud de obras y su concesión».

En definitiva, apostilló Juan Cofiño, la futura ley no solo atiende a la petición de los asturianos de mejorar los plazos cuando se dirigen a la Administración para solicitud diferentes trámites, también responde a la petición que el Gobierno central hizo de aligerar los trámites administrativos, algo que, recalcó, será además de utilidad con la próxima llegada de fondos europeos.

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