«Hay una Justicia a dos velocidades que crea desigualdad entre los ciudadanos»

La distribución provoca que a las alas desemboquen jueces novatos, que se ven al frente de juzgados donde, sin el apoyo de otros pares, deban resolver lo mismo investigaciones penales que pleitos civiles. Es la suerte que corre por ejemplo Marta Huerta, magistrada al frente de Primera Instancia e Instrucción en Valdés: «Llevo desde 2007 en la carrera, siempre en núcleos rurales; eso da una visión crítica de la actual planta judicial».

Huerta lidia con una carga «en aumento», lo hace «en orfandad de medios» y teniendo además que librar guardias semanales. El resultado es que en juzgados donde solo hay un magistrado «los señalamientos los haces con cautela, porque siempre te puede venir un detenido, un habeas corpus» u otra incidencia urgente que obliga a posponer el juicio con los abogados, clientes y fiscales.

El sistema falla y lo reconoció uno de los asturianos que colaboró a montarlo: Álvaro Cuesta. El actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recordó sus tiempos de ponente de la Ley Orgánica que decidió el actual mapa. «Recibía caravanas de ayuntamientos que argumentaban el daño que provocaría si desaparecían de su municipio la cabecera de partido judicial», contó.

En Asturias el proyecto normativo dejaba una docena de distritos, lo que desató la tensión territorial: «La había entre Piloña y Villaviciosa, que veían que solo uno iba a quedar como cabecera, entre Castropol y Luarca, y entre Laviana y Langreo». Al final se impuso la política y cada aspirante se quedó su partido judicial. Desde entonces «han habido 53 reformas de la ley, 22 de ellas afectando a las demarcaciones, y 125 reales decretos y órdenes ministeriales. Esto demuestra que no tenemos un modelo estable, hemos estado a la necesidad puntual», valoró Cuesta.

El resultado es que existe «desproporción y desequilibrio entre los órganos judiciales; esto genera una Justicia de dos velocidades, que crea desigualdad entre los ciudadanos», asumió. En el CGPJ tienen números de ello. En su día establecieron unos módulos para precisar la carga de trabajo que un magistrado puede asumir de forma razonable. Cuando se contrasta con la realidad, resulta que «en España tenemos el 21% de los órganos judiciales rebasando en más de un 200% esa carga recomendada, mientras hay otro 24% de juzgados muy por debajo del módulo».

Asturias no escapa. «Hay partidos como Valdés, Pravia, Cangas del Narcea y Llanes, con una grandísima carga, por encima del módulo, y otros como Grado, Lena y Laviana, con una carga escasísima», dijo. Entremedias Cuesta reconoció al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, que asume las cláusulas suelo. «Desde julio de 2017 son más de 12.000 asuntos y ha resuelto más de 10.000. Tiene la tasa de resolución más alta de España», precisó.

Esas machadas no ocultan que hay «un mal mapa y un mal sistema de reparto», y que ese es uno de los retos venideros. «En los próximos tiempos tienen que moverse cosas, hace falta un gran cambio en la Justicia», expresó. El actual Consejo General cumple siete años de mandato, «una anomalía institucional de primer orden» y un tiempo en el que han pasado dos reyes, dos presidentes, cuatro legislaturas, seis fiscales generales del estado y escasas reformas. «Hemos vivido en el coyunturalismo de los parches», lamentó. A la espera de los grandes cambios, el CGPJ pide dos juzgados más en Oviedo y Avilés.

El cambio se reconoció deseable, pero hubo cantos a la prudencia. Para el decano de los abogados de Oviedo, Luis Carlos Albo, la oficina judicial en la que tantas esperanzas se puso «ha supuesto un coste de inversión desproporcionado y ahonda los males que se decía iba a solucionar». Su solución es volver al modelo anterior, el de los jueces de distrito.

Contra la tentación de cerrar juzgados aviso la viceconsejera: «Eliminar un partido judicial es eliminar puestos de trabajo en esos territorios y alejar los servicios de una población envejecida. Para fijar población es indispensable mantener servicios». En el turno de debate el expresidente Juan Luis Rodríguez Vigil opuso que reordenar juzgados afecta menos a la España vacía de lo que se dice «porque ya todos los jueces y el personal viven en Oviedo».