MIRIAM SUÁREZ
GIJÓN.
Domingo, 27 de junio 2021, 02:10
Siete grupos parlamentarios, 14.734 iniciativas tramitadas. La cifra cuantifica la actividad que se ha llevado a cabo en la Junta General del Principado durante los dos años que han transcurrido desde el inicio de esta XI Legislatura. Una periodo que ha estado ... muy condicionado, a todos los niveles, por la situación de pandemia desatada por la covid-19.
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El Partido Popular, Ciudadanos y Podemos son, además de principales partidos de la oposición, los que han ejercido su labor de control al Gobierno autonómico con un mayor número de iniciativas. Entendiendo por iniciativas desde una proposición de Ley a una queja o petición de comparecencia. En números absolutos, el Grupo Popular, formado por diez diputados, ha promovido 5.397 asuntos; Ciudadanos, tercera fuerza del hemiciclo con 5 diputados, 2.897; y Podemos, con cuatro diputados, 2.183. Siguiendo el orden de mayor a menor, irían Foro, con 1.897 iniciativas; Vox, con 1.219; IU, con 911; y el PSOE, con 220.
Si bien la actividad del PP es muy superior a la desarrollada por el resto de partidos, el político más activo de los 45 diputados que conforman el Parlamento asturiano ha sido Daniel Ripa, portavoz de la formación morada. Ripa le ha puesto su firma a 1.183 procedimientos parlamentarios. Le siguen Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, que ha rubricado 1.043 asuntos; Susana Fernández, al frente del grupo parlamentario de Ciudadanos, 1.030; y Beatriz Polledo, diputada del PP, 932.
Precisar que los portavoces dan trámite a sus propias iniciativas y a las que promueve cada partido como grupo parlamentario, de ahí que sus registros de actividad, por lo general, sean más abultados. Así ocurre en todos los partidos del arco parlamentario asturiano, excepto en el PP. Según datos de la Junta General del Principado, la presidenta popular, Teresa Mallada, ha firmado 449 iniciativas, siendo la sexta de su grupo político.
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Pero no es la portavoz que menos actividad ha registrado en sede parlamentaria. Por detrás estaría la socialista Dolores Carcedo, a las que los registros oficiales de la Junta le atribuyen en estos dos años 60 iniciativas. Que el PSOE sea el partido del Gobierno tiene mucho que ver en el hecho de que, entre sus veinte diputados, sumen 220 iniciativas. De algunos, sólo aparecen el trámite de composición de su grupo y la declaración de incompatibilidades, intereses, actividades y bienes patrimoniales.
De la bancada socialista forman parte, por ejemplo, el vicepresidente del Gobierno, Juan Manuel Cofiño, o el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández. No es habitual en política que los partidos tiren piedras contra su propio tejado. Destacan, en cualquier caso, la creación de la Comisión Especial sobre el Reto Demográfico y la propuesta de reforma del Reglamento para incluir el voto telemático en determinadas circunstancias y para permitir la comparecencia de expertos e interesados a través de videoconferencia, «algo de especial relevancia en tiempo de pandemia».
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Haciendo repaso de estos dos años, los socialistas recuerdan también «la labor del grupo socialista para clarificar el uso del asturiano en la Cámara»; la proposición no de ley para la armonización de los tributos cedidos a las comunidades autónomas; o el rechazo a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial, en contra de lo decidido por el Gobierno central.
En cuanto al Partido Popular, reseñan, para empezar, sus ocho proposiciones de Ley, entre ellas: la de suprimir el impuesto sobre fincas y explotaciones agrarias infrautilizadas; la relativa a la brecha salarial por maternidad de las funcionarias; la formulada para modernizar la gestión de los polígonos industriales; o sobre el mecenazgo científico, tecnológico y deportivo. Y recuerdan que han conseguido sacar adelante trece proposiciones no de ley sobre Alzheimer, la incorporación de profesionales de Enfermería a los centros educativos, la necesidad de un plan de refuerzo de la Atención Primaria o la reapertura del ocio nocturno tras los peores momentos de la pandemia.
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El PP ha llegado a formular hasta 1.765 preguntas, tanto en el Pleno de la Junta General del Principado como en las comisiones parlamentarias. Y su portavoz, Teresa Mallada, ha sido especialmente incisiva en la escasa influencia que Asturias tiene en las decisiones que adopta Moncloa, sobre todo en cuestiones de Industria.
La cifra de preguntas formuladas por el PP es muy similar a la que presenta Ciudadanos: 1.743. El partido naranja recuerda sus iniciativas para la prevención de argayos, la vacunación de los estudiantes Erasmus, el desarrollo industrial de Asturias o la eliminación de la semipresencialidad en las aulas una vez que los contagios por covid-19 han ido remitiendo.
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Pero si por algo ha batallado Ciudadanos es para que no se imponga el uso del asturiano. Su portavoz parlamentaria ha insistido por activa y por pasiva en que ni la cooficialidad es un asunto prioritario ni es el momento de reformar el Estatuto de Autonomía que le dará cobertura legal, y que es una de las grandes promesas electorales de Barbón. De hecho, anuncia que el asunto se abordará después del verano, si la situación epidemiológica da un concede un desahogo a la actividad política.
En el balance de Podemos, figuran dos leyes: la Ley Trans y la Ley de Iniciativas Populares. El partido ha sido especialmente intenso en materia de Sanidad, Industria, Medio Ambiente y Servicios Sociales. El grupo parlamentario morado propuso, por ejemplo, la realización de test en los geriátricos y a los trabajadores de ayuda a domicilio durante la pandemia. O la vuelta a la Atención Primaria presencial con más medios y personal. O la limitación salarial de los cargos públicos durante la pandemia por covid. Asunto que no prosperó «porque nos quedamos solos», aprovecha para recordar su portavoz, Daniel Ripa.
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Fueron también muy combativos con el proyecto de convertir la térmica de La Pereda «en una incineradora encubierta» o con el exceso de la temporalidad en la Administración autonómica. Y pidieron una transición ecológica «justa», complementos en los ERTE, la digitalización de los centros escolares asturianos o una reforma fiscal para las grandes fortunas.
En cuanto a Izquierda Unida, han liderado incluso iniciativas de alcance internacional, aunque su caballo de batalla «está en el ámbito de los derechos sociales». Ángela Vallina lleva 511 iniciativas firmadas. Las dos últimas que figuran en el registro de la Junta General consisten en una moción sobre siniestrabilidad laboral y una pregunta al Consejo de Gobierno sobre en qué colegios se van a crear aulas abiertas para el próximo curso.
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Foro, por su parte, ha llevado asuntos relacionados con la salud mental, las infraestructuras del suroccidente asturiano, el mantenimiento del patrimonio cultural o el futuro de los refuerzos educativos contratados durante la pandemia. «Hemos tratado de buscar soluciones a problemas concretos», resume su portavoz, Adrián Pumares.
Y Vox ha solicitado desde la reducción de diputados en la Junta -de 45 a 35- a la suspensión de subvenciones a partidos políticos y sindicatos. Su portavoz, Ignacio Blanco, séptimo diputado más activo con 836 iniciativas, defendió en el Parlamento la reapertura «inmediata» de comercio minorista y la hostelería; a los alumnos con necesidades educativas especiales; o la dotación gratuita de mascarillas en los colegios. Es de sobra conocido su rechazo a la cooficialidad y llegó a presentar una queja contra Barbón por «dejación de funciones».
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