La Junta rechaza pagar el plus de peligrosidad en el ERA

La diputada conservadora explicó que «respaldamos las reivindicacions de la plantilla del ERA», cuyo comité, recordó, «estuvo más de dos semanas encerrado en la Gerencia». Lo hicieron por una petición unánime de todos los sindicatos que lo integran -está formado por los sindicatos CSI (5 representantes), CC OO (5), CSIF (5), UGT (4), USAE (4), SAIF (1) y Cemsatse (1)- de que el Principado debe aumentar plantilla y pagar a los trabajadores un plus de peligrosidad.

La primera de las reivindicaciones fue lograda, así consta en el acuerdo firmado con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, pero la segunda sigue en el aire. El Principado rechaza incluir ese complemento, al entender que en las residencias se ofrecen cuidados de larga duración a los mayores y que ese plus supone «una estigmatización».

Calificativo que rechazó Polledo, quien se apoyó en un informe adelantado por EL COMERCIO sobre las agresiones sufridas el año pasado por los empleados públicos. «Los datos del servicio de Prevención de Riesgos Laborales indican que de los 179 casos de agresión en 2022, el 54,1% fueron a personal del ERA, con 97 afectados». Una cifra que, recordó ella, «los propios trabajadores dicen que ha aumentado este año». Por ese motivo, exigió «el pago del plus de peligrosidad», que supondría «2,5 millones al año, en un presupuesto anunciado de 6.000 millones, no creo que sea un problema».

Solo obtuvo el PP el voto del portavoz de Vox, Gonzalo Centeno. El resto de partidos que integran la comisión (en la que no está Foro, al repartirse las comisiones con la diputada expulsada de Podemos) rechazaron la propuesta, aunque con matices.

Por ejemplo, Covadonga Tomé argumentó su rechazo en el hecho de que el PP no aceptó «la enmienda que presentamos», para incluir el blindaje público del ERA «y que no haya más privatizaciones de servicios». Aunque sí dijo que «apoyo las reivindicaciones de la plantilla».

También dijo hacerlo Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, «pero esa reivindicación debe llevarse a la negociación de presupuestos y a la mesa de concertación». Se sorprendió él de «el repentino interés del PP por los derechos laborales», cuando «han estado en contra del incremento del salario mínimo o el recorte de la jornada». Reprochó al PP que «presente esta proposión, pero no haya llevado ninguna a la negociación presupuestaria».

Por su parte, el PSOE se mostró de acuerdo con la posición de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar «hablamos de las residencias de esas personas, de sus hogares» y no admite que se vincule eso con lugares de riesgo. En su opinión, «el PP es un peligro para los servicios públicos».