La Junta se reactiva con el objetivo de aprobar hasta cuatro leyes en los próximos meses

La actividad vuelve con un primer pacto entre socialistas e IU-Convocatoria por Asturias, cerrado el jueves, para la configuración de la Mesa de la Cámara y desbrozar el camino a entendimientos futuros. Ambos unirán sus 22 votos esta mañana para hacer presidente de la Junta a Cofiño y mantener a la socialista Celia Fernández de vicepresidenta primera, dejando al aspirante del PP, José Agustín Cuervas-Mons, de segundo. Los populares tienen 17 escaños y un eventual apoyo de Vox les subiría a 21.

Socialistas e IU repetirán estrategia en la tercera votación para con sus papeletas en la urna aupar a Delia Campomanes a la secretaría primera en detrimento de la popular Pilar Fernández Pardo, que asumiría la secretaría segunda. Queda por ver si Vox presta apoyo a los candidatos populares o plantea aspirantes propios a sabiendas de que no saldrían. También si el diputado de Foro (Adrián Pumares) y la de Podemos (Covadonga Tomé) optan por el voto en blanco o apoyar las opciones de izquierda.

No parece quedar margen para mayores sorpresas. Un voto en blanco de Tomé y el apoyo de Pumares al bloque de las derechas suscitaría un empate momentáneo; se volvería a votar y de repetirse el resultado tres veces la norma impone al «candidato propuesto por la formación política más votada en las elecciones», ergo, la opción socialista.

La Mesa estrenará un reglamento que, de alguna forma, debilita su autonomía respecto a los partidos que la propusieron. Es una herencia de los conflictos vividos en la pasada legislatura por Cs. Expulsó del partido a Armando Fernández Bartolomé, su representante en la Mesa, pero el reglamento impedía su revocación si no mediaba una votación plenaria. La nueva regulación establece que salir del grupo parlamentario de origen conlleva el cese del puesto en la Mesa.

Formalidades al margen, un reto de la Junta pasa por incrementar una producción legislativa en mínimos. Entre 2020 y 2022 promulgó 21 leyes, un 81% menos que en el trienio anterior y el balance más pobre de entre los 17 parlamentos autonómicos.

Varios factores condicionarán la capacidad de los partidos para materializar proyectos legislativos. De un lado la desaparición de los grupos parlamentarios de Cs, Foro y Podemos deja un hemiciclo menos fragmentado; las variantes se reducen y el margen para que los socialistas sigan jugando a la geometría -o aritmética- variable también. El bloque de izquierdas tiene una mayoría de un solo escaño y la evidencia de que ese último voto, el de Podemos, sigue sujeto a una batalla interna que dificulta su fiabilidad. El PP, con Diego Canga al frente, quiere impulsar un estilo constructivo de hacer oposición, imagen que cultiva ofreciendo grandes pactos a Barbón.

Así está el tablero a la espera de poner la ficha que falta: despejar qué tipo de Gobierno forma el presidente. Tras las elecciones el líder socialista estableció un calendario en tres etapas: la primera consistía en entenderse con IU en los ayuntamientos, la segunda era consensuar la Mesa de la Junta y llega ahora la negociación decisiva, la tercera, que aclarará si forman un Ejecutivo de coalición o Convocatoria se queda en la oposición, vendiendo caros sus votos «ley a ley y pleno a pleno», según advirtió su portavoz, Ovidio Zapico, en 'La Lupa'.

Solos o en compañía, lo cierto es que las urnas confiaron a los socialistas el liderazgo parlamentario y su voluntad es priorizar la elaboración de cuatro normas: el presupuesto de 2024, la ley de impulso demográfico (con un borrador decaído en la anterior legislatura), la de montes y prevención de incendios (compromiso personal de Barbón tras la última oleada de fuegos) y la de garantías y derechos del colectivo LGTBi (postergada la pasada legislatura y que deja a Asturias como la única comunidad sin normativa propia en la materia, junto a Castilla y León).

El programa electoral de la FSA especifica el compromiso de sacar adelante las tres últimas «en los primeros meses». Es un documento que promete un total de 21 leyes, suma que cabe elevar a 25 con los cuatro proyectos presupuestarios que tocará abordar.

Más de la mitad de las promesas, 13, son textos que ya estaban en el plan normativo de la pasada legislatura. Es el caso de las anunciadas leyes de impulso demográfico, ciencia, cooperativas, turismo, educación, servicios sociales, infancia y adolescencia, archivos y bibliotecas, museos, ordenación del territorio, puertos, montes y agua. Algunos cuentan con borradores aprovechables, otros tienen el expediente por iniciar.

El programa electoral de Convocatoria por Asturias muestra coincidencias que orientan sobre cuáles podrían ser los proyectos legislativos de más fácil consenso. La coalición ve urgente esa ley de servicios sociales para blindar prestaciones, quiere aquilatar la financiación universitaria en otra norma y apuesta también por una ley de identidad sexual y de género. Sus compromisos incluyen cuestiones que los socialistas también batallaron la pasada legislatura, como la recuperación del Consejo Económico y Social, una ley del Sector Público, otra para el Tercer Sector y una de fomento de la participación.

1.- Ley de impulso demográfico: el borrador lo pilotó Cofiño, usando como base el dictamen de la comisión liderada por Gimena Llamedo y se llegó a registrar en la Junta. El programa de la FSA prometía su aprobación «en los primeros meses» de legislatura.

2.- Ley de montes y prevención de incendios: también se comprometió su aprobación«en los primeros meses». Barbón lo situó como prioridad tras la última oleada de fuegos.

3.- Ley de garantía de los derechos y libertades de las personas LGTBI: prometida también la pasada legislatura y con un borrador que supo a poco en el colectivo, el programa electoral promete su aprobación «al inicio de la legislatura».

4.- Presupuesto autonómico de 2024: el estatuto de autonomía especifica que «el Consejo de Gobierno presentará el proyecto de presupuesto a la Junta antes del último trimestre del año», un precepto que no se suele cumplir.