El Gobierno reclama a Victorino Alonso 24,3 millones mientras él señala a otros responsables

En la sala y de forma vehemente el empresario ha remarcado que nunca pisó la explotación, que ignora quién la restauró y que dejó la administración en 2009, por lo que se siente ajeno a cualquier delito contra el medio ambiente.

Alonso ha sido persistente en sus planteamientos: no es responsable de nada, no sabe nada y no debería estar en el banquillo.

'Invasión' de Villablino

En esa línea se ha intentado distanciar de los delitos que se juzgan en este caso al mismo tiempo que ha remarcado que si la explotación de Nueva Julia invadió el municipio de Villablino en 15 hectáreas fue algo «insignificante». «No es lo mismo 15 hectáreas en la Castellana que en el mundo rural», ha venido a señalar en la sala.

Mientras, el Gobierno de España reclama a Victorino Alonso y al jefe de explotación de Nueva Julia 24,3 millones de euros por gastos de restauración financiados por Estado y Junta (75% y 25%). Esta explotación supuso que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea condenara a España por perjuicio mediambiental.

'Balones fuera'

Alonso, eso sí, ha culpado a Feliciano Mateos si algo se hizo mal ya que éste era el director facultativo y responsable y ha asegurado que parte del problema generado llegó por los cambios en el Plan del Carbón, que obligó al cierre repentino de las explotaciones y no se cumplió el quinquenio.

Todo ello sin dejar de remarcar que los imputados que tendrían que estar en la causa son los que estaban en esa época y no él quien, según insistió, se desvinculó de la explotación en 2009. «No sé por qué no están aquí el director general, el director facultativo, ni el director de planificación, que era quien desarrollaba los proyectos, que son los que tienen que estar imputados si hubiera algo, que yo no sé si lo hay, y tampoco está el administrador a partir de 2009, cuando yo dejé el puesto», ha declarado.

Petición de ocho años

Mientras, las acusaciones mantienen una petición de ocho años para los implicados en la causa. La petición se justifica por un delito continuado medioambiental (afección gravísima al medio ambiente sin restauración) y daños fluviales. Afecta a impacto en el agua, daño al habitat en zonas protegidas y a fauna en peligro de extinción (urogallo y oso cantábrico).

Además, según el informe de la Junta, sólo se restauró una hectárea de 129 que debían dedicarse a ello.

Mientras, el otro acusado, Manuel Santamaría (jefe de explotación de 1998 a 2010), también ha culpado en sala al director facultativo y él asegura que restauraban lo que explotaban incidiendo en que en su caso «solo dirigía máquinas donde me mandaban».

«Estaba muy bien hecha»

Santamaría llegó a confesar que en las visitas de los responsables técnicos de la Junta nadie le informó «que no se estuviera haciendo bien ni mandaron parar la explotación. «Era una explotación muy bien hecha», reiteró. Además, afirmó que todo ese espacio era ya «una superficie lunar» que había sido explotada anteriormente con minas de interior y que no había sido restaurada.

Sobre la invasión en 15 hectáreas del territorio de Villablino, para la que no se contaba con ningún tipo de licencia, el jefe de explotación cree que resultó ser «un beneficio para el pueblo» porque carecía de valor ecológico y solo se hizo un saneamiento de la zona.

Su abogado ha reclamado para él que concurra la prescripción de los hechos al entender que ha pasado más tiempo del debido para su instrucción, algo que ha tratado de desmontar el ministerio fiscal.