La jueza prorroga otra vez la instrucción del 'Hulla' y Villa pide dejar de ser investigado

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo acordó hace ahora seis meses una prórroga de medio año para dotar de tiempo suficiente a los redactores del último dictamen pericial en torno al citado geriátrico de Felechosa. Ahora, la jueza justifica esta nueva ampliación del plazo de investigación por la «dilación derivada de la enfermedad y posterior fallecimiento de uno de los peritos intervinientes», que ha impedido la emisión de este informe. Los técnicos confían en poder tener completado el próximo mes de febrero este trabajo, del que se prevé que puedan derivarse otras diligencias, por lo que desde el juzgado se ha considerado «procedente» la ampliación de la instrucción seis meses más, hasta el próximo mes de julio.

La defensa del líder sindical, en manos del despacho de Ana García Boto, ha presentado un nuevo escrito oponiéndose a esta nueva prórroga, al entender que atentaría al derecho «a recibir tutela judicial efectiva sin dilaciones». Además, ha pedido nuevamente que se deje de investigar al exsecretario general del SOMA argumentando que, «en los diez años de investigación, no se ha puesto de relieve ningún dato objetivo que acredite que el dinero que regularizó José Ángel Fernández Villa en el año 2012 tenga ningún tipo de relación con las obras del Montepío en la residencia de Felechosa, ni con sus sobrecostes».

El exsecretario general del SOMA, condenado en 2018 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo por apropiación indebida de los recursos del sindicato, es uno de los principales acusados en esta causa paralela, que arrancó precisamente por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de que Villa regularizara a través de la amnistía fiscal de 2012 su fortuna oculta. Los investigadores tiraron del hilo que les llevó a la obra del geriátrico y, hasta la fecha, hay una veintena de imputados sospechosos de haberse beneficiado de una u otra forma de las presuntas irregularidades cometidas tanto en la concesión de los más de 30 millones de subvención que sirvieron para sufragar el proyecto, como de las modificaciones urbanísticas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Aller para poder levantar el equipamiento. Pero también del sospechoso proceso de adjudicación de los trabajos y, principalmente, de los supuestos sobrecostes de un proyecto que terminó costando 32,5 millones de euros, 18 más de lo que debería haberlo hecho, según informes que apuntan a «márgenes escandalosos» y a «comisiones ilegales».