Una jueza obliga a dar a luz en el HUCA a una mujer que pretendía tener el bebé en su casa

Varios efectivos de la Policía Local se personaron en la vivienda de la embarazada acompañados de una dotación del servicio de Emergencias para tutelar el ingreso de la mujer en el HUCA, donde «de ser preciso», se le practicaría la inducción del parto de urgencia. La mujer, que ya había sobrepasado ampliamente las 42 semanas de gestación, comenzó a sufrir contracciones rítmicas varios minutos antes de que la Policía llamase a la puerta de su casa, donde se encontraba con una matrona, su marido y otra mujer en evidente estado de embarazo. El ingreso obligado en el hospital se produjo a las 17.30 horas del martes y a las 10 de la mañana de ayer ya había dilatado siete centímetros.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) explicaron ayer que el auto dictado por la jueza obligando el ingreso de la mujer en el hospital «para la práctica, de ser preciso, de un parto inducido» se basó «únicamente» en una solicitud del subdirector de servicios Quirúrgicos y Críticos del HUCA, que llegó acompañada de un informe del jefe de servicio de Obstetricia del hospital donde se recogían los riesgos que podría sufrir la embarazada dado su avanzado estado de gestación. Dicho documento relataba también el historial clínico, de controles de embarazo y de visitas al servicio de monitorización del hospital de la paciente, que, según expresaron, quedaron interrumpidas «a voluntad de la mujer» al superar la semana 35. Todo ello pese a la insistencia del servicio en que se retomasen de inmediato.

«Valorando exclusivamente el contenido de dicho informe», reiteraron desde el TSJA, el juzgado dictó el auto a las tres de la tarde del martes y ordenó inmediatamente el traslado de la mujer en un vehículo medicalizado.

Sin embargo, la abogada de la familia, y de la asociación El Parto es Nuestro, Francisca Fernández Guillén, cargó duramente contra la actuación del hospital y de la jueza. Es una «decisión arbitraria», criticó, que se tomó «sin ni siquiera tomarle testimonio ni consultar con su familia».

En ese sentido, Fernández Guillén, especialista en Derecho Sanitario, Derecho Administrativo, Derechos del Paciente, negligencias médicas y responsabilidad profesional, sostuvo que «el auto del juzgado no expone los hechos como realmente tuvieron lugar». Según su versión, «la mujer no dejó de acudir al servicio de monitorización del hospital en ningún momento y sus pruebas estaban todas bien». De hecho, la gestante, recordó, acudió el martes a monitorización a revisar su estado y fue allí cuando le recomendaron la inducción del parto. «Ella salió a dar un paseo» por las inmediaciones del hospital para «pensárselo». No obstante, cuando volvió al servicio, éste se encontraba cerrado y la mujer decidió volver a su casa. Esa misma noche comenzó a sufrir «contracciones leves» y a la tarde siguiente se produjo la visita policial para llevarla obligada al HUCA.

«El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que las mujeres tenemos derecho a elegir las circunstancias de nuestro parto. El HUCA ha actuado de una forma muy agresiva y ha dejado patente su innecesario intervencionismo», clamó la abogada.

La actuación de la justicia y del complejo sanitario fueron duramente criticados por miembros de la asociación de El Parto es Nuestro. «Si el bebé nace con algún problema, será culpa de la Policía y del propio hospital», declaró con vehemencia una de las representantes de la asociación y amiga de la familia, Elena Fernández, que actuó como portavoz de la madre ingresada. «La inducción del parto tiene muchísimos riesgos comprobados. El primero, que el proceso termine en cesárea, una operación mayor que puede hipotecarle la existencia de por vida a la mujer de cara a la maternidad», aclaró, «y se abusa de ella con demasiada frecuencia». Por otra parte, también explicó que «ese riesgo de hipoxia y de muerte fetal intrauterina está presente también en las inducciones».