La jueza del 'caso Hulla' mantiene el sobreseimiento de Villa, pero deja sus bienes embargados

Frente al argumento del Ministerio Fiscal, que pedía un nuevo reconocimiento médico por parte del equipo forense del juzgado tras recordar que el estado degenerativo de Villa «no le incapacitó en su momento para declarar en las actuaciones», la magistrada hace referencia a un informe médico que resulta »concluyente« en cuanto al estado de dependencia absoluta del exsindicalista para el desarrollo de las actividades diarias, así como sobre la »agravación del cuadro de deterioro cognitivo«. El exsecretario general del SOMA tiene 81 años y lleva casi años aduciendo problemas de salud física y mental para evitar ser juzgado en este proceso, en el que se le investigaba por blanqueamiento de capitales y otros delitos, y en otros procesos paralelos abiertos también a raíz de hacerse pública su fortuna oculta, y por los que fue juzgado y condenado por apropiación indebida. Eso sí, no llegó a cumplir la pena de tres años de cárcel por su grave estado de salud.

La magistrada mantiene su posicionamiento en relación con la salud de Villa, pero sí acepta la segunda parte del recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción, a la que se sumó el Montepío de la Minería, como acusación particular, sobre el alzamiento de las medidas cautelares respecto al patrimonio del exlíder sindical. La Fiscalía argumentó en su escrito que éstas se adoptaron «no sólo para garantizar las responsabilidades civiles que se puedan acordar en sentencia, sino para asegurar los futuros decomisos del producto del delito y la ganancia ilícita» y, por ello, entiende que los bienes del exsecretario general del SOMA «deben mantenerse embargados». En este punto la magistrada ha dado la razón a la Fiscalía y ha dejado sin efecto el alzamiento de las medidas cautelares, por lo que los bienes de Villa seguirán embargados.

Con este auto, contra el que cabe recurso de apelación, el exsecretario general del SOMA se cae de la lista conformada por una veintena de investigados en el denominado 'caso Hulla'. Un proceso judicial que arrancó hace ya siete años con una operación policial sin precedentes en Asturias, con la detención simultánea del propio Villa; de su mano derecha y expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo; el propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros y promotor de la obra de la residencia de Felechosa, Juan Antonio Fernández; el arquitecto, Manuel Sastre, y el exasesor económico del Montepío, José Manuel Fernández. No obstante, las diligencias preprocesales realizadas por la Fiscalía Anticorrupción se remontan a 2013, a raíz de la regularización por parte de Villa de 1,2 millones de dudosa procedencia.