La jueza ve base para procesar de nuevo a Riopedre y Otero por el fraude en los colegios

Ocurrió por ejemplo con la pesquisa interna que en 2015 hizo la secretaria general técnica de la Consejería de Educación. Faltaban meses para el juicio y el Principado carecía de un cálculo sobre cuánto dinero se le defraudó y cuánto pedía que se le devolviera. La funcionaria de mayor rango de Educación remitió a colegios e institutos las facturas que constaban pagadas a Igrafo y Apsa para que les suministraran muebles y enseres entre enero de 2009 y agosto de 2010. El ejercicio le llevó a concluir que en esos 19 meses había cuatro millones abonados por un material que no constaba en los centros que debían recibirlo.

Al inicio del juicio del 'caso Renedo' el Principado presentó el informe y la Audiencia Provincial rechazó tenerlo en cuenta. Llegaba fuera de plazo. La Fiscalía cogió el documento y para que no cayera en saco roto, lo presentó en el juzgado de guardia como denuncia.

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, que lleva desde noviembre de 2016 tirando de ese hilo. En estos cinco años y medio de instrucción las magistradas María del Carmen Blanco primero y María Luisa Llaneza, después, tomaron declaración a los directores de los 87 centros supuestamente afectados. Se les preguntó por los muebles que no aparecían y se les pidió que escribieran en un folio su firma. Los especialistas en caligrafía del Cuerpo Superior de Policía se encargaron luego de cotejar esas rúbricas con las que figuraban en los albaranes de entrega que Igrafo y Apsa presentaba en la Consejería de Educación asegurando que el material sí había sido suministrado y debían cobrar. Este mes de enero los agentes entregaron su dictamen: determinan que a 15 de los entonces directores se les falsificó la firma en esos recibís, a siete les fue manipulada, dan como auténticas cuatro más y de dos dicen que no pueden concluir que sean veraces.

Llegados a este punto la magistrada-juez debía tomar una decisión: el archivo si consideraba que no había indicios delictivos, o empezar a dar los pasos para ir a juicio. En un auto de 26 de abril María Luis Llaneza emprende esta segunda vía. Considera que de lo indagado en estos cinco años se desprende que «los hechos denunciados pudieran ser constitutivos» de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y mercantil. Por eso transforma las diligencias previas en sumario, para que se dé parte del asunto a la Audiencia Provincial, que es a quien correspondería juzgar el asunto.

La letrada de Otero, Ana Muñiz, ha recurrido la decisión, recordando que hay documentos que hace dos años solicitó incorporar al caso, la instructora lo aceptó, pero siguen sin llegar. También se dice a la espera de que Llaneza decida si admite «más de 50 pruebas» que propuso. La investigación «no debe cerrarse en falso», solicita.

Riopedre tiene 82 años y Otero 78; están fuera de la cárcel en parte por su estado de salud. Muñiz tiene 73 años y Sánchez 64 y siguen privados de libertad.