Los jueces reclaman una ley de pandemias para acabar con la «ambigüedad» de la actual norma

Tras la enésima decisión de la justicia, ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordaba mantener la decisión de aplicar el toque de queda solo en 19 municipios catalanes en contra de la petición de la Generalitat, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) indican a Europa Press que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está trasladando la responsabilidad de una decisión política al ámbito judicial.

Desde la AJFV explican que al final lo que se consigue es que una decisión que es política, que se basa en criterios sanitarios de «prevención y prudencia», recae en el poder judicial que actúa con otro criterio, que «no es incompatible pero que no es igual».

Indican así que la perspectiva de decisión de un político y la de un juez es diferente y esto genera un problema. Añaden que esta problemática ya se preveía desde hace un año y por eso desde el ámbito judicial se ha reclamado un marco normativo que aporte «precisión» a la toma de decisiones. «Las normas -sanitarias- ahora son ambiguas y permiten todo y nada al mismo tiempo», lamentan.

Este punto de vista es compartido también por el Foro Judicial Independiente (FJI) desde donde se acusa al Ejecutivo de no haber querido aprobar esa 'ley de pandemias' a pesar de que se espera que la situación actual no cambie a medio o largo plazo.

Creen que esa normativa para pandemias lograría «uniformar las decisiones» que se adoptan en todo el territorio, y lamentan que el Ejecutivo haya «declinado» de esa responsabilidad dejando las decisiones a expensas de los diferentes tribunales superiores de Justicia que han tenido que resolver porque han de velar por los derechos fundamentales.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) señalan que, a pesar del decreto-ley por el que el Supremo tiene la última palabra sobre restricciones sanitarias que se adopten desde las comunidades autónomas, no se ha logrado acabar con la disparidad de criterios. A su juicio, no se ha evitado porque la interpretación la realiza cada TSJ en función de la situación de cada comunidad y todo depende, en definitiva, de la proporcionalidad de las medidas aprobadas y de que estén bien justificadas.