«Tratan de echarme del Ejército por denunciar la corrupción de los mandos»

Juan Marcos García es asturiano, entró en el Ejército en 2002 y vio cosas que no le gustaron. Por eso preside la Asociación de Militares y Reservistas de Especial Disponibilidad 45+, desde donde batalla para que las Fuerzas Armadas tengan un protocolo antisuicidio, reaccionen ante el acoso laboral y sexual, y los soldados dispongan de una salida profesional al terminar su servicio. Se trata de ganar derechos, pero por el camino «le estamos sacando los colores al Ministerio de Defensa, denunciamos la corrupción de los mandos», relata.

El colectivo ha demostrado que en sueldos a sacerdotes el ministerio está destinando cuatro millones al año, fueron también los que dieron a conocer la vacunación de Miguel Ángel Villaroya, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), lo que le costó el puesto. «También denunciamos la existencia de un chat franquista», recuerda, en relación a un foro donde altos mandos retirados fabulaban con fusilamientos y golpes de Estado.

García se considera ahora objeto de venganza. Está con un pie y medio fuera de las Fuerzas Armadas a raíz de un reconocimiento médico efectuado el 9 de diciembre, en el que se concluyó que lo que le pasa es que sufre un «problema adaptativo» y por tanto no está en condiciones de seguir. «Llevo desde 2002 y este es el 'modus operandi' que aplican cuando alguien denuncia, provocar su expulsión. Tratan de echarme por denunciar la corrupción de los mandos», indica.

El soldado nacido en Olloniego está destinado en la Academia de Logística de Calatayud (Zaragoza) y va a dar la batalla. Al reconocimiento llegó acompañado de su representante y pareja sentimental, Cristina V. B. Ella fue expulsada del Ejército en un proceso que comenzó en 2018 bajo la acusación de protagonizar un vídeo pornográfico en el que, asegura, ella no aparece.

Según la denuncia que interpuso ante el Juzgado Togado Militar Central, a ella no la dejaron acompañarle en el reconocimiento médico. Tuvo que quedarse fuera. Sin embargo el teniente coronel médico encargado de efectuar el diagnóstico ordenó que entrara en la dependencia el superior del propio soldado.

El asturiano protestó. Su subteniente, alegó, «no puede estar presente, dado que se van a tratar datos confidenciales y personales de mi salud». El teniente coronel médico rechazó el argumento, insistió en que como lo que se iba a analizar esa un posible problema de adaptación a la disciplina castrense entendía que era procedente que estuviera presente un mando que conociera el caso. «Como militar y jefe orgánico, está sujeto a un deber de confidencialidad», argumentó, según el relato de la denuncia. Luego pasaron «cinco minutos de entrevista y con eso les basta para echarme».

¿Es cierto? ¿Puede un superior estar presente en un reconocimiento médico? La denuncia del asturiano sostiene que no, y que lo que se le hizo supuso un abuso de autoridad, un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y otro de extralimitación en el ejercicio del mando. La sentencia que acaba de dictar el Juzgado Togado Militar Central sin embargo avala todo lo ocurrido y decreta el archivo de las diligencias al no apreciar en lo denunciado «ninguno de los tres delitos».

«El soldado denunciante debe recordar que, a lo largo de su vida profesional, se dará el caso de que algún militar -generalmente de empleo superior al suyo- pueda llegar a conocer datos médicos suyos, por tener que resolver cuestiones para las que sea necesario conocerlos, pero que ello no supone ninguna infracción del ordenamiento jurídico siempre que se respete el deber de confidencialidad».

Juan Marcos García se mantiene en su posición: «Es lo que pasa siempre, cualquier denuncia que pongas contra los mandos acaba igual. Esta la han archivado deprisa y corriendo; esto no es justicia militar, es injusticia y la recurriremos, claro».