Caso del hombre que se registró como mujer para eludir la ley de violencia de género: «Se siente mujer», dice su pareja actual

Esa historia ha puesto a José María, ahora María José, bajo sospecha de fraude de ley, en el que incurriría si se demuestra que su cambio registral de sexo ha sido una treta para eludir la legislación de violencia de género. «No es un fraude. Él se ha sentido mujer desde siempre. Hay informes médicos y psicológicos que así lo demuestran», sostiene Gabriela. Y, si no se cambió antes el nombre, fue «porque tenía miedo a lo que podía pensar su familia».

La cuestión es que este leonés afincado en Oviedo ingresó hace dos semanas en el centro penitenciario de Asturias para cumplir una condena de un año y seis meses de prisión por maltrato a su exmujer. Lo hacía en el módulo de enfermería de la cárcel, que es mixto, dada su actual condición de transexual. «Yo supe lo que había desde el principio. ¿Qué la gente nos critica? ¿Qué no entiende nuestra relación? No importa. Nosotros nos enamoramos y nos aceptamos como somos», señala.

Gabriela también ofrece argumentos cuando se le pregunta ¿por qué su marido, si se siente mujer, no ha iniciado una transición física? ¿Por qué se ha acogido a la 'ley trans' sólo para cambiar de sexo a nivel administrativo? «No puede. Los médicos se lo desaconsejan. Padece la enfermedad de los huesos de cristal y su estado de salud es bastante delicado. Ahora está tomando unas inyecciones para tratar de aliviar los dolores que a veces siente», explica.

El cambio registral de sexo, en cualquier caso, no le ha librado de la cárcel. Está condenado por amenazar de muerte a su exmujer con un cuchillo de cocina de 20 centrímetros, episodio que se produjo en el domicilio familiar, delante de sus dos hijos. La menor es una niña de siete años que también tiene huesos de cristal. La abogada que defiende a su exmujer asegura que José María «no ha contribuido ni con un solo euro» a la manutención de sus hijos, «lo que resulta especialmente grave dada la situación de la niña».

Tiene, de hecho, un juicio pendiente por impago de la pensión alimenticia. Y no es el único que deberá afrontar en los próximos meses. Pero, según Gabriela M. F., «es mentira que no se ocupa de sus hijos. La relación es muy conflictiva y, desde que se separaron, su exmujer lo denuncia por una cosa o por otra». Asegura que «conmigo jamás ha sido agresivo», que en el juicio por violencia de género «su exmujer cambió de versión hasta en tres ocasiones» y que «ella sabe perfectamente cómo se siente Jose».

Un asunto en el que abunda: «Ellos tenían un acuerdo desde el principio del matrimonio. Se casaban porque querían tener hijos. Pero estaba muy claro lo que había». Por eso, prosigue Gabriela, «no entiendo por qué se cuestiona y se pone en duda que José María haya cambiado de sexo en el Registro». Es más, «yo misma le animé» a esa rectificación registral, tras la cual hubo que replantearse qué juzgado debía dirimir el pleito por maltrato, si el de violencia de género o bien el de familia. El caso recayó en el primero.

La acusación por amenaza de muerte ha prosperado, pero no la suspensión cautelar del ejercicio de la patria potestad y del régimen de visitas. Medida que había solicitado su exmujer al considerar la situación «de riesgo extremo», tras un cambio de sexo «instrumental, que sólo busca beneficios jurídicos». Sin embargo, los informes de los expertos del Punto de Encuentro Familiar (PEF), que el juzgado ha tenido en cuenta, hablan de «estabilidad» en el desarrollo del régimen de visitas.