Javier Ardines, un pescador sin miedo a la tormenta

El concejal asesinado el pasado 16 de agosto a escasos metros de su vivienda, en la localidad llanisca de Belmonte de Pría, no modificó ni un ápice su postura, por ejemplo, en torno a la necesidad de reducir el índice de interinidad del Ayuntamiento. Para ello impulsó sendas ofertas públicas de empleo, correspondientes a los ejercicios de 2017 y 2018, que ahora comienzan a ver la luz después de que algunos de los interinos afectados y la sección sindical de la UGT en el Consistorio llanisco llevasen las convocatorias y sus bases al juzgado. Su idea, según manifestó en más de una ocasión, era que al finalizar el presente mandato las plazas públicas estuviesen «cubiertas mediante la celebración de oposiciones en igualdad de mérito y capacidad».

Al malestar que la puesta en marcha de estas oposiciones generó entre algunas de las personas que llevan cubriendo las plazas afectadas de forma interina desde hace años se sumaba, unos meses antes del brutal crimen que acabó con la vida del edil, un nuevo conflicto en el seno del personal del Ayuntamiento, después de que varias trabajadoras acusaran a Javier Ardines y a algunos de sus compañeros de gobierno de acoso laboral. Él entendía que se trataba más bien de un malestar ante el cambio de pautas. «Se acabó salir a la compra o llegar tarde y si eso es acoso: sí, les acoso, porque se deben a los vecinos y a quienes pagan impuestos», defendía tan solo unos días antes de ser asesinado cuando se dirigía a su trabajo.

Y es que el único concejal de Izquierda Unida en Llanes compaginó en todo momento su nueva faceta como miembro del equipo de gobierno local con su carrera de pescador, que había iniciado en el año 2000 y de la que, coinciden sus allegados, estaba completamente «enamorado». Precisamente a faenar a bordo de su embarcación, 'Bramadoria', se dirigía Ardines aquella fatídica mañana del día de San Roque cuando sus asaltantes le tendieron una emboscada y acabaron con su vida golpeándole en la cabeza primero y asfixiándole después. Nunca llegó a su destino, su cadáver apareció junto a su coche, cerca de su casa.

El pescador no estaba liberado por sus tareas como concejal y había decidido renunciar a las retribuciones económicas en una «decisión personal de no cobrar» al entender que, «con muchas personas pasándolas canutas», se le «caería la cara de vergüenza», explicaba en su última entrevista, concedida a EL COMERCIO. «No me considero mejor político o más honrado por no querer cobrar de la política, porque si fuese así limitaríamos los políticos a las élites», puntualizaba.

Si había algo de lo que Ardines estaba orgulloso, era de los parajes naturales de su tierra. Entre ellos, los impresionantes Bufones de Pría, origen probablemente del nombre de su embarcación y emplazados a escasa distancia de su domicilio. Este enclave natural, que cada año visitan miles de personas, fue otro de los objetos de sus medidas como concejal. Decidido a protegerlo, no dudó a la hora de prohibir el acceso hasta los bufones en coche y crear a su vez aparcamientos disuasorios a una distancia prudencial con el fin de salvaguardar los acantilados de futuros daños.

Fue precisamente la construcción de uno de estos aparcamientos lo que le valió una denuncia de la Fiscalía del Principado que posteriormente sería archivada por el juez. El motivo de la misma fue el hecho de que las obras de adecentamiento de los terrenos donde se asienta el estacionamiento comenzasen sin haber elaborado previamente un estudio de impacto ambiental. Tras permanecer varios meses paralizados por orden del Gobierno regional, los trabajos se ejecutaron el pasado año.

También muy criticada fue su decisión de vetar el acceso rodado a Cuevas del Mar e incluso la señalización instalada para informar de esa prohibición fue objeto de los vándalos en más de una ocasión. Lo mismo sucedió con la señal que en su día el edil ordenó colocar en las inmediaciones de la playa de Gulpiyuri y con la que pretendía, del mismo modo, proteger uno de los enclaves más visitados del concejo.

Javier Ardines era, además, uno de los ediles más activos en la defensa del crecimiento urbanístico moderado que se propone en el plan general de ordenación (PGO), actualmente en redacción. Ardines reconocía la existencia de «presiones urbanísticas» e «intereses económicos» y fue el único edil que manifestó públicamente su seguridad en que el planeamiento no llegaría a salir adelante en el presente mandato.