El Principado retira la oferta de acuerdo a la plantilla de la ITV

Pola, por lo demás, dio su versión de lo ocurrido, que calificó de «oportunidad perdida» por la «decisión» de la asamblea de trabajadores. El viceconsejero recordó que «habíamos llegado a un acuerdo que implementaba medidas que atendían de forma inmediata algunas de las reclamaciones por parte de la plantilla y permitían la recuperación del servicio en sus términos habituales», y que, además «dejaba abierta la puerta a la negociación de medidas adicionales, que no podían ser implementadas de forma inmediata pero que sí se contemplaban en el ámbito de la propia empresa».

En particular, y sobre el «principal motivo de la huelga», Pola recordó que «en el tema de las categorías profesionales teníamos un acuerdo que se va a completar un estudio a finales de febrero que establecería la referencia sobre la que discutir para su aplicación inmediata en cuanto hubiera un visto bueno por parte de Función Pública».

Y también aludió a que «en cuanto a la contratación de personal, habíamos habilitado un procedimiento que permitiese la participación de la parte social en el diseño de las bases de contratación de nuevo personal

En el asunto de las 35 horas había un acuerdo, contra el establecimiento de un parámetro de mejora del rendimiento«, lo que, como objetivo marcado suponía una contrapartida por parte de los trabajadores que según el viceconsejero facilitaría superar los límites impuestos por las leyes presupuestarias».

Donde no es posible hacerlo es en los incrementos retributivos como la paga de antigüedad. En este punto «no hay ningún acuerdo porque es manifiestamente ilegal su aplicación», dijo el viceconsejero. Y resumió: «los dos aspectos de mayor discrepancia en cuanto a su inaplicabilidad son la antigüedad y la contratación de personal: Esta reflexión fue clarísimamente trasladada a los trabajadores. Son dos medidas con limitaciones legales, como empresa del sector público, a consecuencia de lo establecido en los artículos 16, 22, 29 y disposición adicional primera de la vigente ley de Presupuestos del Principado para 2024 y en el artículo 19 y la disposición adicional vigésimo primera de la Ley de Presupuestos del Estado de 2023».

Añadió que en esas normas «se establece que no es posible la contratación de nuevo personal a no ser que venga acompañado de la habilitación de nuevas líneas de producción o de nuevos centros de trabajo

y que no es posible el incremento de la masa salarial, y por tanto no es posible el reconocimiento de la antigüedad«.

Por otra parte, Pola sacó a relucir que «se han aprovechado por parte de la empresa todas las posibilidades que ofrece la ley en cuanto a estabilización y reposición de personal

de hecho, entre 2023 y 2024 se han habilitado y se habilitarán 45 contrataciones nuevas«, y a eso añadió que »el nivel de temporalidad ha pasado del 28,31% a finales del 2022 al una tasa inferior al 1% a finales de 2024«.

Es más, el viceconsejero subrayó el tono crítico al recordar que «por ese motivo, a iniciativa de la propia compañía y enganchando con una solicitud de UGT se habilita ese complemento de compromiso que hemos estado discutiendo, vinculado al cumplimiento de un objetivo, que no nos parece una cuestión especialmente grave o dificultosa en su habilitación, estar en una tasa de absentismo inferior a 2,5 veces la media del sector. No me parece que sea una cuestión especialmente gravosa en cuanto a su cumplimiento

y lo hemos hecho por una cuestión legal: la habilitación de nuevos complementos retributivos viene vinculada a la mejora o cumplimiento de algún objetivo«.

Así las cosas, no es posible, según el viceconsejero, seguir negociando en este nivel competencial, puesto que «los dos aspectos en los que existe una imposibilidad de acuerdo lo son por una cuestión legal, como empresa del sector público», anotó, y recordó a la plantilla que «la pertenencia al sector público tiene sus ventajas, evidentes, pero también sus desventajas en cuanto a una estricta regulación legal», sin olvidar que «se habilitó la posibilidad de negociar este otro complemento y se dejaba abierta la puerta a mejoras negociables en el ámbito de la empresa».

Y más de cara a los usuarios de la ITV que a los propios trabajadores, Pola añadió que «el paso de 37,5 a 35 horas semanales, en el que el resquicio legal venía de la mano de la mejora de un objetivo de productividad, pasaba de un 1,81 a 2 inspecciones equivalentes por hora: traducido, pasa de 13,5 a 14 inspecciones diarias para toda la plantilla. Todo esto lo hemos negociado para el conjunto de la plantilla».

En resumen, según el viceconsejero de Industria, «se había planteado nuestra mejor oferta posible en el marco legal que es de aplicación, que contenía medidas de aplicación inmediata, de aplicación en dos meses y de posterior implementación, dejando abierto ese marco de negociación en el ámbito de la propia empresa y siempre con la persepectiva de la recuperación de la normalidad del servicio para toda la ciudadanía».

Y remató Pola recordando que «el Gobierno del Principado ha hecho un esfuerzo que entendemos que es la mejor que podemos hacer en el marco legal establecido, el cual no podemos obviar».