La ITV tiene lista de espera hasta enero y su plantilla anuncia una huelga indefinida

El conflicto laboral estalla cuando conseguir cita para pasar la ITV se ha vuelto más difícil que nunca. Quien ayer buscara hora para el examen se encontraba que en la estación de Gijón no había hueco antes del 20 de enero de 2021, mientras Avilés también requería aguardar al año que viene, concretamente al 4 del mismo mes. En otras cinco estaciones (Pruvia, Oriente, Mieres, Nalón y Siero) el sistema no localizaba disponibilidad hasta diciembre. Para Cangas y Jarrio alguna cancelación de última hora había dejado libre huecos contados este mes y en septiembre, respectivamente.

Estas demoras son consecuencia de una suma de factores. El primero, común al resto de territorios, es el tapón generado por los vehículos que no fueron atendidos durante el estado de alarma. Además las medidas sanitarias obligan a los trabajadores a guardar distancia e impiden exprimir al máximo la capacidad de las instalaciones.

La empresa que gestiona el servicio en la región (ITVASA) es pública, lo que explica en parte que sus tarifas estén por debajo de las de otras regiones y que sea a su vez la que aplica con más rigor las instrucciones del examen, de tal manera que su tasa de vehículos con fallos detectados y que afectan a la seguridad vial es la más alta del país.

Desde la dirección de la empresa se viene insistiendo en que la titularidad pública impone límites a la contratación. La Consejería de Industria expuso ayer por la tarde que su planteamiento era «una ampliación de horarios con objeto de agilizar y dar cita en plazo».Su intención era aplicarlo desde el 3 de agosto y consistiría en que la plantilla trabajase dos horas más de lunes a viernes, e hiciera un nuevo turno de mañanas los sábados. «Además se sigue trabajando en la posible» contratación de refuerzos e incorporación de estaciones móviles, aseguró la consejería.

Los representantes laborales aseguran que ese esquema se sustentaba en echar ahora horas computadas como compensación de las que no se prestaron durante el estado de alarma, es decir, sin gratificación. Además ya en 2019 entablaron un conflicto reclamando una ampliación de plantilla.