![Investigados dos monitores por la muerte de la niña al volcar su canoa este verano en el Cares](https://s1.ppllstatics.com/elcomercio/www/multimedia/202012/16/media/cortadas/suceso-cares-kLvH-U1201075949259jzH-1248x770@El%20Comercio.jpg)
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Lucía Ramos
Miércoles, 16 de diciembre 2020, 17:39
La instrucción del caso de la niña de catorce años fallecida el pasado 3 de julio mientras realizaba el descenso del Cares suma dos nuevos investigados. Se trata de los dos monitores de la empresa Canoe Aventura Trophy que en el momento en el que tuvo lugar el suceso acompañaban al grupo de menores del que formaba parte la víctima. Según indicaron esta tarde desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la titular del Juzgado de Llanes decidió este miércoles cambiar la intervención de ambos de testigos a investigados tras constatar que «existen posibles indicios de criminalidad» respecto a ellos.
Los dos monitores debían testificar este miércoles por la mañana ante la magistrada, pero «a la vista del resultado que han ofrecido las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha», decidió suspender dichas declaraciones y volver a citarles el próximo 29 de enero en calidad de investigados, «a fin de garantizar sus derechos procesales».
De esta forma, son ya tres las personas investigadas por el fatal suceso, después de que el propietario de la empresa, el cántabro Jesús M. D. C., fuese detenido el pasado 7 de octubre por la Guardia Civil, que le acusa de homicidio imprudente.
El suceso tenía lugar en la tarde del pasado 3 de julio, cuando la joven madrileña de catorce años, quien participaba en un campamento en Cantabria, realizaba el descenso del Cares con la empresa Canoe Aventura Trohpy. Al llegar a una zona de rápidos en las inmediaciones de la localidad peñamellerana de Mildón, la canoa doble en la que viajaba la niña volcó y solamente su compañera pudo volver a salir a la superficie.
Tras un angustioso rescate del cadáver que se prolongó durante seis horas y mientras la región trataba de digerir el fatal desenlace de la niña, los agentes de la Policía Judicial ponían en marcha una minuciosa investigación que les llevó a tomar declaración a los jóvenes testigos del suceso, así como a los monitores de la empresa de aventuras y del campamento, además de entrevistarse con expertos en este tipo de actividades y conocedores del río Cares. Estas pesquisas, indicaron desde el instituto armado, «pusieron en evidencia una serie de situaciones irregulares en torno al suceso».
Partiendo de la premisa de que el turismo activo se basa en la práctica de una serie de actividades que conllevan riesgos inherentes, «cada empresa encargada de su planificación debe necesariamente disponer de las medidas de seguridad adecuadas a cada una». Algo que en este caso, y según recoge el informe elaborado por los investigadores, no se cumplía.
En primer lugar, el Cares, en alguna de su zonas y concretamente en el rápido donde se produjo el accidente, está considerado como un río de aguas bravas, por lo que se debe tener autorización para la actividad de canoa raft –piragüismo en aguas bravas que se realiza con embarcaciones neumáticas de dos plazas–. Sin embargo, según pudieron comprobar los agentes, la empresa contratada para la actividad carecía de dicha autorización, «a pesar de publicitarse en su página web lo contrario».
También en relación al personal se detectaron diferentes irregularidades, como el hecho de que los monitores encargados del descenso «no estaban en posesión de la formación específica para su desarrollo, en materia de primeros auxilios, seguridad, protocolos de prevención de accidentes y evacuación». Asimismo, tampoco se cumplía con el ratio de guías o monitores cualificados por cliente que se estima conveniente para poder llevar a cabo la actividad. Esto, recalcaron los investigadores, «pudo ser clave en la demora de la búsqueda de la niña tras caerse al río –de diez a treinta minutos–, tras un vuelco de varias canoas y no llevar a cabo un recuento inmediato de los menores».
Finalmente, los agentes pudieron constatar en el transcurso de las investigaciones que la empresa peñamellerana «carecía de medios alternativos de comunicación, como emisoras y vehículos de apoyo, lo que demoró en más de una hora la comunicación con los servicios de asistencia debido a la escasa cobertura telefónica existente en la mayoría del recorrido efectuado».
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