Investigan a un gijonés por una agresión sexual a una menor tutelada a la que antes había drogado

Ya desde que entró en el centro de menores sus escapadas fueron continuas. Salidas nocturnas, consumo de alcohol... hasta una detención por hurto en un centro comercial. La propia madre denuncia que tuvo que ir en varias ocasiones a buscarla en medio de la noche para devolverla al centro. Hasta que una de aquellas escapadas acabó mal. El pasado 8 de julio, de nuevo, la niña no se presentó a dormir en el centro de menores. Estuvo fugada durante todo un mes. Hasta que la madre se enteró, el lunes 7 de agosto del año pasado, de que había aparecido «en coma por sobredosis de droga» en La Calzada, en Gijón. «Y que podría haber sido agredida sexualmente», nos explica.

A través de imágenes en una red social se puede situar a la víctima los días 3, 5 y 6 de agosto en compañía del detenido, consumiendo ambos –aparentemente– estupefacientes. En concreto, esnifando una sustancia a través de un pañuelo y fumando lo que podría ser cannabis. La fiesta acabó el 7 de agosto, a las siete de la tarde, cuando la menor apareció «desorientada» en un portal de La Calzada. La Policía Local acudió al aviso –realizado por un vecino– y la trasladó, inicialmente, al Centro de Salud de La Calzada II, desde donde fue derivada al hospital de Jove, al encontrarse, aparentemente, en un coma causado por la ingesta de drogas. Después acabó siendo derivada al HUCA. En la prueba toxicológica que se le practicó, según supo más tarde su madre, dio positivo por cannabis, extasis y alprazolam, cuya marca comercial más conocida es el Trankimazin.

Una vez recuperada, la niña fue internada en un centro de menores diferente, con un régimen más restrictivo que el anterior. Centro del que volvió a escaparase el pasado 22 de febrero, lo que motivó que la madre presentase diferentes denuncias ante lo que, considera, es una dejación de funciones por parte del Principado y sus responsables. Y es que, además de la situación en sí, la madre de la menor se queja de que no recibe apenas información sobre su hija. Ni siquiera la avisaron cuando regresó el pasado lunes al centro del que se había fugado: se enteró por el policía que la atendió cuando fue a presentar ese mismo día la denuncia.

En el caso de la presunta agresión sexual, no fue hasta después de todo lo sucedido que la madre tuvo conocimiento oficial. Se enteró por terceras personas de que a través de las redes sociales podía verse a su hija en compañía del acusado y otras personas en Gijón, que aparecían «drogándose» y que había una imagen en la que ambos estaban «completamente desnudos en el interior de un domicilio», justo en los días previos al ingreso de la menor en el hospital. Inexplicablemente, aún hoy se pueden ver en el perfil del acusado y abiertas al público estas imágenes.

La madre presentó la correspondiente denuncia y la Policía Nacional inició una investigación tras la que el presunto autor de los hechos acabó detenido el pasado 13 de septiembre. Según ha podido saber este periódico, en un registro realizado en su domicilio aparecieron diferentes drogas y, en sus dispositivos informáticos, múltiples imágenes que podrían describirse como pornográficas, con diferentes jóvenes, algunas aparentemente también menores de edad.

Por el momento, el investigado está a la espera de juicio y el juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha dictado una orden de alejamiento. El presunto agresor no puede acercarse a menos de 300 metros de la menor, de su domicilio o de cualquier otro lugar en el que se encuentre. También tiene la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. En ese mismo auto de diligencias previas, en el que el expediente viene encabezado por los términos 'Agresiones sexuales', se confirma la detención del acusado como presunto responsable de un delito de corrupción de menores. Esto es, «la manipulación o abuso de personas con capacidad restringida por parte del autor del delito, quien hace participar a la víctima de forma prematura u obscena, en actividades de naturaleza sexual y delictiva que perjudican el desarrollo de su personalidad». La juez cree acreditado a través de las declaraciones de la víctima y del acusado «el mantenimiento de relaciones sexuales a cambio de suministrarle sustancias estupefacientes y medicamentos». El investigado reconoció al ser interrogado que hubo relaciones sexuales, pero dice que creía que la joven tenía 16 años.