Prevenir el acoso escolar es uno de los objetivos que la Consejería de Educación quiere reforzar este curso. Para empezar, el departamento de Lydia Espina está trabajando en la actualización del protocolo para incluir medidas contra la LGTBIfobia y el ciberacoso, el hostigamiento ... a través de internet o aplicaciones y que supone una de cada diez denuncias y que ha experimentado un repunte. Esta medida irá acompañada por formación a los profesores al tratarse el ciberacoso de una modalidad relativamente nueva. Pero también los inspectores van a tener un papel fundamental en la consecución de dicho objetivo.
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Así viene recogido en el Plan de Actuación del Servicio de Inspección Educativa, hecho público el viernes en el BOPA. De este modo, «asesorar y orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de medidas educativas que favorezcan la convivencia y la resolución de conflictos, con especial incidencia en la aplicación correcta de los protocolos de actuación ante el acoso escolar, ciberacoso y conductas que atenten contra la diversidad sexual e identirdad de género» aparece en primer lugar de las actuaciones prioritarias.
Además, en el año en el que se aplica la nueva ley educativa, LOMLOE, en los cursos impares, otra de las medidas preferentes es el «asesoramiento en el desarrollo curricular». Cabe recordar que los decretos han sido publicados en el mes de agosto, una demora motivada por la tardanza del ministerio en cerrar los suyos, lo que ha llevado a la consejería a flexibilizar hasta febrero los plazos para la presentación de las programaciones docentes.
Precisamente, la nueva normativa hace especial hincapié en la atención al alumnado más vulnerable, por lo que se fija como prioridad «analizar la optimización de los recursos humanos destinados a la atención a la diversidad y las medidas que garanticen la inclusividad en una muestra de centros públicos y concertados».
Hay más. Después de haber afirmado que «en el programa de bilingüismo hay margen de mejora», constituir un equipo de trabajo y que una de las primeras conclusiones extraídas sea que «es necesaria mayor formación docente» –sin determinar por ahora si se solicitará una certificación de mayor nivel–, Educación modificará dicho programa.
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A los inspectores se les requiere, en este sentido, «analizar la situación actual del desarrollo de este plan en una muestra de centros docentes públicos y concertados». También estudiar la situación actual del desarrollo del programa de préstamo de libros en centros públicos que impartan Primaria y Secundaria en un año que el cambio de ley ha provocado que haya colegios que se han decantado por cambiar los manuales y ser insuficiente el stock con la dotación de becas para llegar a todos los alumnos.
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