Los inspectores detectan amenazas, insultos y presiones en el Instituto Asturiano de la Mujer

El informe describe que existe entre las trabajadoras una «percepción de situaciones frecuentes de violencia psicológica (amenazas, insultos, descalificaciones personales, hacer el vacío, …) en el centro de trabajo». Esas situaciones «precederían de la línea jerárquica», indica, sin identificar a qué persona concreta se refiere. Al respecto el dictamen del Instituto de Riesgos Laborales recomienda que en el departamento «no deben tolerarse la presencia de manifestaciones de violencia psicológica y menos aún si proceden de la línea jerárquica. Se deben corregir aquellas actitudes y comportamientos ofensivos, que denigran a la persona y crean un entorno un entorno intimidatorio y hostil».

Es solo una de las situaciones para las que urgen medidas preventivas. En lo tocante a la carga de trabajo aprecian una exposición a riesgos muy elevados del 37,5%, al valorar la participación de las empleadas y la supervisión de la que son objeto eleva el riesgo muy alto al 87,5% mientras que en el test para calibrar el desempeño de roles (que analiza la información que cada uno tiene sobre sus responsabilidades) se cifra el riesgo muy elevado en el 62,5%. Los técnicos reflejan que la plantilla recibe «instrucciones contradictorias con frecuencia», se les asigna tareas «para las que no se tienen los recursos necesarios, exceden el cometido del puesto o implican conflictos morales (legales, administrativos,…)«, «el nivel de control que ejercen las personas responsables oscila entre la supervisión excesiva y la inexistencia de intervención» y el «reparto de la carga de trabajo es desigual con riesgo de infracarga y sobrecarga en determinados puestos».

Existe una «percepción de que las tareas a realizar tienen poco o nada de sentido» y respecto a la jefatura de servicio como líder inmediato de la plantilla se dice que «apenas interviene ni ejerce control sobre la actividad de trabajo», mientras que en cambio «el nivel de intervención ejercido sobre la jefatura se percibe excesivo». La estructura de la plantilla «resulta confusa, detectándose que no se corresponde el organigrama formal con la actividad general» y «la forma de organizar el trabajo se percibe inestable e improvisada».

Fuentes del Gobierno de Asturias indican que tanto la directora general, Nuria Varela, como el propio ejecutivo «tenían conocimiento del informe» elaborado por los técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales adscrito a la dirección de Función Pública y, en consecuencia, a la vicepresidencia. Una vez que se conoció el mismo la directora general solicitó «una reunión con los autores para abordar el contenido del mismo y aclarar a qué se refería concretamente y en qué se basan esas advertencias» sobre situaciones de violencia psicológica. «Por problemas de agenda» no se habría podido celebrar esa reunión aclaratoria, motivo por el cual Varela habría solicitado de nuevo la mencionada reunión «con la mayor premura posible». «No había conocimiento de situaciones como las que dice el informe y la directora general no había recibido ninguna queja ni denuncia» en dicho sentido antes de la emisión del estudio. Desde el Ejecutivo regional subrayan que Nuria Varela «tiene una trayectoria personal y profesional reconocida justamente por lo contrario, está dedicada a combatir cualquier forma de acoso, física o verbal. Es en lo que está volcada».