La inminente negociación de los conciertos educativos será «rigurosa y equilibrada»

El mapa escolar fue una de las muchas cuestiones informativas que se pusieron sobre la mesa en el Pleno de ayer. Porque el diputado del Grupo Mixto Armando Fernández Bartolomé interpeló la consejera sobre «las reformas necesarias para que el sistema educativo responda adecuadamente a los nuevos retos sociales». Bartolomé pidió un «pacto por la educación», medidas para estabilizar las plantillas, cambios en la evaluación docente, mayor autonomía a los centros, un plan de salud mental, un plan de infraestructuras, una mayor transparencia en la gestión, apoyo a las extraescolares...

Por su parte, Lydia Espina defendió las medidas puestas en marcha en los últimos meses: el plan de digitalización, el segundo tramo de la evaluación docente (hay más de 9.500 profesores adheridos a ambos tramos, que ha supuesto una inversión de 21 millones de euros en los presupuestos de este año), la mejora en la adjudicaciones de interinos (se ha establecido, por ejemplo, un calendario para todo el curso), la actualización del catálogo de puestos de difícil desempeño....

Uno y otro mencionaron también la inminente negociación para la renovación de los conciertos. Quería Bartolomé saber qué va a suceder, si se van a modificar los módulos y si se va a ir «hacia la equiparación salarial» reclamada por la red concertada. Lydia Espina se comprometió a abordar la negociación, en la que participará ella misma, de una «forma seria y rigurosa» y tratando a la concertada «de forma equilibrada», en función del peso que tiene en el sistema educativo de la región (acoge casi a un 30% del alumnado).

Por otro lado, la Consejería de Educación hizo público ayer un comunicado dirigido a todos los centros educativos «que se han sumado a una campaña comercial de la plataforma Amazon. Nos parece importante recordar que este tipo de prácticas no tienen amparo jurídico y que, por tanto, los centros no deben incorporarse a estas iniciativas privadas».

La campaña «por la que los centros participantes realizan la difusión de una herramienta tecnológica y a cambio el centro recibe un ingreso, el llamado crédito virtual, que solo podría destinarse a la compra de suministros en la citada plataforma podría considerarse una operación comercial no permitida». «En resumen, se trata de una actuación no amparada ni autorizada por la Consejería de Educación del Principado de Asturias.