La incorporación de las empleadas de hogar elevará a 11.000 la plantilla del sector de cuidados

Si la moneda la lanza la patronal de empresas sociosanitarias, Adesspa, el resultado de esta decisión, adelantada por EL COMERCIO, es claramente positivo. «Es bueno para los usuarios y para los trabajadores. Hay que aplaudir la gestión que ha realizado la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar». Para Antonio Corripio, el presidente de Adesspa, la decision «servirá para ganar 11.000 empleos en Asturias, ya que esas son las personas que están ahora mismo tras a figura del cuidador familiar». Recuerda, además, que el proceso, del que Asturias es pionera, «cuanta con el apoyo de todos, como se vio en el Consejo Asesor de Bienestar que se celebró el miércoles».

Sin embargo, si la moneda la lanza la Plataforma del Servicio de Ayuda a Domicilio de Asturias (SAD Asturias), la visión es muy negativa. «Supone una vuelta al esclavismo en pleno siglo XXI», dice su portavoz. Carmen Diego recuerda que la Plataforma del Servicio de Ayuda a Domicilio en Asturias presentó alegaciones ante esta propuesta de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. «Lo hicimos por velar por los derechos de las trabajadoras de ayuda a domicilio y, también, por las de empleo en el hogar».

¿El motivo? «Estamos viendo que es una vuelta a los años 80, que lo quieren arreglar con cursos de 80 horas, de 100 horas. El mejor, que es el del Servicio de Empleo del Principado (Sepepa) es de 300 horas». Una escasa formación que choca «con la que reciben los titulados en profesiones sociosanitarias que se encuentran en el mercado laboral unas condiciones horrorosas, unos sueldos bajísimos y una temporalidad que cuadriplica a la media».

No obstante las diferencias, desde la Plataforma SAD también creen que la profesionalidad de los cuidados «es imprescindible» y que la medida supondrá aflorar casi 11.000 empleos hoy ocultos en Asturias al ser el principio del fin de la figura del cuidador familiar. Una muy controvertida, que en la Ley de la Dependencia aparece como 'excepcional', pero que se ha convertido en la mayoritaria debido a su bajo coste.

El Observatorio de la Dependencia, organismo creado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, lo lleva denunciando en sus informes periódicos. La Ley de la Dependencia fija como 'excepcional' que en el caso de que no haya ningún servicio profesional que cubra las necesidades del beneficiario de la ley, sea un familiar el que le cuide en casa a cambio de una pequeña nómina y el alta en la Seguridad Social.

Sin embargo, la realidad dice que son 10.903 los asturianos (en su mayoría mujeres) que cobran nóminas que oscilan entre los 101,7 euros al mes para los casos leves de dependencia, grado I, y 257,2 para la severa falta de autonomía personal, el grado III. La figura 'excepcional' en la ley es, en la realidad, la opción elegida por el 29,21%

Es el porcentaje más alto de toda la cartera de servicios. El más utilizado, el de ayuda a domicilio, atiende en Asturias a 6.839 personas, el 18,32%. El menos es, curiosamente, el que iba a ser la estrella de la Ley de la Dependencia: el de centro de día, solo llega a 2.231 personas, el 5,98% . Cierra la tabla otra de las figuras llamadas en 2007, cuando entró en vigor la ley, la más demandada. El asistente personal, al que solo han optado 15 personas en la región.

Una que preocupa también a la Plataforma SAD. «Miedo nos da cómo la llevarán a cabo, qué formación se exigirá a esas personas». Carmen Diego teme que se implante «el cheque a las familias, para que contraten el servicio sin control alguno».

No obstante, tanto ella como Antonio Corripio aplauden la decisión del Principado de aumentar las horas de atención mensual que el Principado ofrece a las personas con dependencia que optan por el servicio de ayuda a domicilio.

En estos momentos son 6.839 los asturianos que tienen ese servicio como ayuda a la dependencia. Los horarios actuales son 70, 45 y 20 horas de atención mensual según tengan grado III, II y I, respectivamente. Ahora subirán a 94, 64, 37 cada uno. «Es una buena noticia, porque supone mejorar al sector sociosanitario y, también, a los trabajadores», afirmó Antonio Corripio. «Esperamos que sea empleo de calidad», apuntó Carmen Diego.