El improbable indulto al reo 'resucitado'

Este perdón es «una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey». Así lo define el ministerio en su web, donde indica que a él pueden acogerse «los reos de toda clase de delitos», salvo «los reincidentes». Ahí está la primera dificultad. Montoya tiene cinco sentencias: la primera por conducir sin carnet, hay dos de robo con fuerza en las cosas, una de hurto y otra por intentarlo de nuevo.

Salvar este límite exige que «el Tribunal sentenciador» encuentre en su caso «razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública». La potestad quedaría en manos del Juzgado de lo Penal 1 de Oviedo, el que le impuso el último año de la condena que cumple. El criterio del magistrado es autónomo, pero muy influido por el informe que haga el fiscal, al que tampoco es fácil de persuadir. Entre 2013 y 2015 el Ministerio Público recibió 533 peticiones en la región, y solo apoyó el 4,1%.

Existe otra restricción: los indultos cotizan mal en el mercado de la imagen pública. Que el Gobierno rectifique a los jueces tiene desde hace unos años peligrosas connotaciones en una sociedad escandalizada por la corrupción.

La Fundación Ciudadana Civio ha investigado el tema. Eva Belmonte, su promotora, escribe que «en 2014 los indultos se convirtieron en un asunto a tratar en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. La medida, rodeada de oscurantismo (el Gobierno no justificaba cuáles se concedían y cuáles no), salía de su escondite habitual, las bambalinas del Estado, para que Soraya Sáenz de Santamaría afirmara orgullosa ante la opinión pública que había denegado la petición a Carlos Fabra y José María del Nido. Lo hizo el 21 de noviembre, en unas declaraciones que muestran cómo la presión popular, engordada gracias a decenas de indultos polémicos, ha conseguido que el Gobierno sea mucho más cauteloso ante el uso de esta medida».

Los números obtenidos por Civio son elocuentes. En el año 2000 el Rey firmó ochenta indultos a condenados en Asturias. Se salvaron delincuentes que lo eran por robo con fuerza, falsedad documental, conducir sin carnet, detención ilegal, quebrantamiento de condenas previas, tráfico de drogas... Reos que tenían condenas de seis años recibían el favor del Gobierno sin mayor escándalo. La transparencia en esas decisiones y las polémicas desatadas cerraron el grifo. Desde 2015, el Gobierno central solo se permite un perdón al año en Asturias, el que le pide la Hermandad de Jesús Cautivo para que acompañe en la procesión de Semana Santa.

La última vez que abrió un poco más la mano, en 2014, se tropezó de nuevo con las protestas. Había sido clemente con un guardia civil condenado por faltar al deber de perseguir el delito. Iba en tren con un amigo que cometió una agresión sexual a una mujer y en vez de reprenderle se mofó. La sentencia le inhabilitaba seis meses al empleo público, lo que en la práctica suponía su expulsión del cuerpo. Aunque la víctima dio su plácet al perdón, el tipo de felonía y el hecho de que el padre del guardia civil fuera concejal del PP obligó al ministro Alberto Ruiz Gallardón a dar explicaciones y revolvió a las asociaciones de jueces.

La mejor vía que le quedaría a Gonzalo Montoya sería por tanto la Hermandad de Jesús Cautivo. ¿Cómo funciona? «Nos ponemos en contacto con la dirección de la cárcel, y como ellos son los que tienen la información, nos seleccionan uno; si vemos que quizás puede haber problemas, hablamos y le pedimos otro», explica José Salinas, hermano mayor de la cofradía. No suelen ponerse más de tres nombres sobre la mesa. «Luego hablamos con el interno, para ver si accede y quiere procesionar, y empezamos los papeles», añade.

No es fácil lograr éxito y por eso conviene afinar bien el tiro. «El Gobierno lo tiene muy restringido esto, así que casi siempre estamos presentando presos con delitos de salud pública, que tienen que haber pagado la responsabilidad civil», explica el hermano mayor. Es una fórmula que desentona con Gonzalo pero respetándola la Hermandad lleva veinte reos sacados de prisión.

Salinas guarda bajo secreto el nombre del candidato que ha presentado para esta Semana Santa, pero aclara: «No, no es el 'resucitado'». Para la dirección de la cárcel, Gonzalo Montoya es un preso problemático, con al menos cuatro faltas disciplinarias. La junta de tratamiento se basó en ese historial para denegarle los permisos. Si consideraron que «no hay garantías» de que hiciera un buen uso de las salidas de fin de semana, menos aún las verían para un indulto.

Para llegar a tiempo a Semana Santa, los cofrades presentan los papeles en el ministerio «en septiembre o principios de octubre». «El tiempo medio de respuesta puede oscilar entre los siete y los diez meses desde la presentación de la solicitud», explican en el ministerio. Otra baza más en contra de Montoya. El reo tiene condena hasta agosto por lo que existe la posibilidad de que la decisión final le llegue con la pena saldada o a punto de ello.

Pese a las dificultades, la familia da la batalla y recoge firmas por la amnistía. Les motiva el miedo a que Gonzalo intente de nuevo suicidarse al volver al presidio. Es un temor al que la dirección de la cárcel, los jueces, fiscales y el ministerio opondrán el que provoca la idea de que una eventual clemencia sea la antesala para que vuelva a reincidir. Por ahora las restricciones parecen conjurar esa decepción. «De los veinte indultos que logramos, solo uno reincidió», apunta José Salinas. ¿Cómo lo logran? «Hacemos un seguimiento de ellos, los ayudamos a salir, a instalarse, les buscamos trabajo, nos esforzamos en que tengan esa segunda oportunidad», comenta el religioso.