El 'caso Hulla': cinco años del escándalo que suma 20 investigados

El pasado mes de marzo se cumplieron diez años desde que fuera aprobada, por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, la amnistía fiscal que permitió regularizar patrimonio a través de un proceso especial a quienes no hubieran declarado a la Hacienda Pública todos sus ingresos, sin recargos ni sanciones penales por el mero hecho de ocultarlos. Aquella medida fue muy criticada por el PSOE pero, solo dos años después, se conocía que el exdirigente socialista y líder sindical asturiano José Ángel Fernández Villa había aprovechado aquella coyuntura para blanquear una fortuna oculta de 1,2 millones de euros, que atribuyó a una herencia familiar. La noticia provocó todo un terremoto en la política asturiana y tanto la Federación Socialista Asturiana como UGT y SOMA expulsaron de inmediato a su histórico dirigente, retirado de la actividad sindical y política precisamente un año antes, tras argumentar motivos de salud. Se supo años más tarde que la verdadera razón que le invitó a apartarse de la primera línea sindical no fue esa, pese a que entonces ya había cumplido 71 años, sino que fue conocedor de que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando el verdadero origen de tan suculento montante económico.

La investigación en torno a su figura derivó en una operación policial sin precedentes en Asturias con la detención simultánea, hace ahora cinco años, del propio José Ángel Fernández Villa; de su mano derecha y expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo; el propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros y promotor de la obra de la residencia de Felechosa, Juan Antonio Fernández; el arquitecto, Manuel Sastre, y el exasesor económico del Montepío, José Manuel Fernández.

Los investigadores ponían así el foco en la construcción de la residencia geriátrica, financiada con fondos mineros. Una batería de informes de la Guardia Civil advertían de irregularidades tanto en la concesión de los más de 30 millones de subvención que sirvieron para sufragar la obra, como en las modificaciones urbanísticas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Aller para poder levantar el equipamiento. Pero también en el sospechoso proceso de adjudicación de los trabajos y en los sobrecostes de un proyecto que terminó costando 32,5 millones de euros, 18 más de lo que debería haberlo hecho, según informes que apuntan a «márgenes escandalosos» y a «comisiones ilegales».

Un cóctel de presuntos delitos que van desde blanqueo de capital, falsedad documental, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística o malversación de caudales públicos que salpicó en un primer momento a las familias de los principales investigados, a cuyo nombre se regularizó buena parte del dinero supuestamente ilícito. Se trata de la esposa de Villa, María Jesús Iglesias, y sus hijos, Ángela Fernández y Rolando Fernández; pero también la familia de Postigo, sus hijas, Elena y Patricia; su exmujer, Elena Pérez, y su pareja sentimental, Dorina Bicher. También desde un principio, aunque con un papel más secundario, están siendo investigados el aparejador de la obra, Vicente Fernández; el asesor jurídico del Montepío, Rafael Virgós, y uno de los proveedores, Jorge González. Igualmente, en una línea de investigación paralela, se imputó a Rodina Daniela Timis por las supuestas ilegalidades relacionadas con los contratos de limpieza realizados por el Montepío en favor de empresas vinculadas con Postigo. Tras varias oleadas de diligencias y declaraciones de testigos e investigados, la magistrada sumó a la lista al socio y a la mujer del constructor, Juan Carlos Riera y Rocío San José.

Se abrió también una línea de investigación paralela en relación con las presuntas irregularidades urbanísticas que se pudieron cometer en el Ayuntamiento de Aller, y que motivó la imputación de quien fuera alcalde en el momento de los hechos, Gabriel Pérez Villalta. Incluso durante un tiempo estuvo imputado el resto de la Corporación de Aller que aprobó en 2008, por unanimidad, la compra y cesión de los terrenos al Montepío, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acordó el sobreseimiento libre de los exconcejales, investigados en una pieza separada.

La instrucción del caso comenzó en febrero de 2013 y se ha ido ampliando en numerosas ocasiones pero, salvo nueva prórroga, el próximo mes de julio se pondrá fin al periodo de investigación previo a la más que previsible apertura del juicio oral. Durante todo este tiempo y de forma paralela, Villa fue juzgado y condenado a tres años de cárcel por un delito de apropiación indebida a raíz de una querella interpuesta por el SOMA. No entró en prisión por motivos de salud.

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