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El futuro del lobo en Asturias dependerá de las conclusiones «científicas» que se puedan extraer de la actualización del censo de esta especie que ... se está llevando a cabo a nivel nacional con los datos que deben ir aportando todas las comunidades. El objetivo es que esté concluido «a finales de este año» para poder elaborar en tiempo y forma el informe que cada seis años se remite a la Comisión Europea, y que previsiblemente Bruselas reclamará el próximo año.
El último informe de estas características data del año 2019 y se elaboró en base a un censo sobre la población de esta especie llevado a cabo a lo largo de 2014, que determinó que el lobo estaba en una situación desfavorable, lo que que derivó en la inclusión de este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (Lespre).
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó este viernes el procedimiento a seguir tras preguntarle por las posibilidades de que el lobo deje de ser especie protegida una vez conocido el nuevo planteamiento de Bruselas al respecto, que pasa por rebajar la protección de esta especie, pero que ahora deberán refrendar los Estados miembros. Una cuestión muy delicada en Asturias porque ha sido objeto de enfrentamiento entre el Gobierno regional que lidera Adrián Barbón y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hasta el punto de que el Ejecutivo autonómico elevó esta cuestión a los tribunales.
El asturiano Hugo Morán, quien defendió la inclusión del lobo en el Lespre pese a las duras críticas del Ejecutivo regional y de sus compañeros de la Federación Socialista Asturiana (FSA), argumentó este viernes que la protección o no de esta especie se basa en cuestiones científicas ya que, en general, existe un «procedimiento reglado» que establece cuál debe ser el grado de protección de cada especie en cada momento y que cualquier modificación al respecto, incidió, debe adoptarse en base a criterios científicos.
En ese sentido, Morán reconoció que si bien en 2019 se consideró que la especie debía protegerse porque se encontraba en un escenario desfavorable, «la situación de la población silvestre no es estática, es dinámica». Así, si en un momento determinado una población de una especie concreta arroja una situación de vulnerabilidad «la obligación de las Administraciones en el ejercicio de sus competencias es atender a esa situación de vulnerabilidad», se justificó. Luego, añadió, «si avanzado el tiempo esa situación en la que se encuentra la especie se modifica y sale de esa situación de riesgo de vulnerabilidad, la respuesta de la Administración, en cumplimiento del procedimiento, que es un procedimiento reglado, sería acomodar la situación de la especie a esa nueva situación».
Por ello, Morán incidió en que, hasta que no se conozca el resultado del censo no es posible saber si la población ha mejorado o no y, por lo tanto, no es posible determinar el grado de protección que le corresponde ahora. «Será a partir de ese momento en el que se tomen las decisiones. No podemos anticipar respuestas», resolvió.
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