Jueces y fiscales reclaman un pacto de Estado para blindar su independencia

Un pacto de Estado para modernizar la justicia, dotándola de medios y eliminando la burocracia que la ralentiza, mejorando las retribuciones de sus jueces y fiscales y, también, blindando una independencia que ven mermada por las injerencias políticas. Esa es la reivindicación que ayer motivó la que es la primera huelga nacional convocada por las siete asociaciones profesionales que representan a los magistrados y fiscales.

El paro nacional logró un notable eco en Asturias. Fuera de Oviedo, donde era jornada festiva, el seguimiento fue del 100% de los jueces en Mieres y Siero, 75% en Langreo y 71% en Avilés. En Gijón «se han tenido que suspender juicios civiles y penales», detalló Juan Carlos García López, presidente de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el sector. Los datos son provisionales, pues el Martes de Campo ovetense impide centralizar la información. Los convocantes creen que el respaldo al paro fue «masivo y espectacular» en Asturias, como en el resto del país, subrayó García López, quien ve en ello una prueba de «la unidad que genera la reivindicación de las siete asociaciones de jueces y fiscales».

Según estos colectivos, en todo el país ejercieron la huelga 3.524 jueces -el 65% de toda la carrera- y 1.295 fiscales -lo que supone el 52% del Ministerio Público. Preguntado al respecto, el ministro Rafael Catalá aseguró que por su parte no hay «discrepancia de fondo» con las reivindicaciones y agregó que algunas están incluidas en el nuevo presupuesto que el Gobierno central trata de sacar adelante. Según expresó, de aprobarse las cuentas se crearán 300 nuevas plazas de jueces y fiscales y se destinarán 130 millones de euros a mejorar los sistemas informáticos de los juzgados y las fiscalías.

No es la primera vez que ambos colectivos se unen en un paro. La propuesta de aplicar tasas judiciales impulsada por el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón provocó el mismo efecto en 2013, si bien entonces las conservadoras APM y la Asociación de Fiscales rechazaron sumarse a la reivindicación. La batería de reclamaciones que se esgrimen ahora sí ha suscitado el consenso de las siete asociaciones, algo nunca visto antes en España.

«El 16 de junio de 2017 las cuatro asociaciones judiciales suscribimos un documento con 14 propuestas para la mejora de la Justicia, al que se han adherido la mayoría de juntas de jueces de España, más de 3.500 jueces y las tres asociaciones de fiscales», recordó Virginia Otero, coordinadora en la región de la Asociación Francisco de Vitoria. En un comunicado leído a las puertas del Palacio de Justicia de La Bohemia, en Gijón, respaldada por una docena de colegas, Otero recordó que se pide reforzar la independencia judicial, derogar los plazos máximos para las investigaciones, que la Fiscalía General del Estado sea quien escoja la formación que estime necesaria para sus profesionales y otras medidas de carácter retributivo. «Unas son claramente competencia de los grupos parlamentarios, otras del Gobierno y el resto del Consejo General del Poder Judicial», dijo.

«El balance no puede ser más decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones; no hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de Estado por la Justicia», lamentó.

El colectivo reclama «una Administración de Justicia del siglo XXI», algo por lo que seguirán presionando por otros cauces. Entre las alternativas que se manejan está ejercitar una demanda conjunta denunciando que el ministerio incumple la ley.