La huelga de funcionarios paraliza los juzgados asturianos: «No nos van a doblegar»

Los sindicatos aseguran que cada día que pasa sin movimientos del Ministerio de Justicia, «miles de juicios y millones de actuaciones procesales se suspenden o se paralizan perjudicando los derechos de los ciudadanos». Advierten de que «las movilizaciones y acciones seguirán en aumento, no nos van a parar ni a desgastar». Se critica duramente a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que «sigue desaparecida y ni da la talla ni da la cara». Se critica que «llega a tal punto su desvergüenza» que ni siquiera acudió a la firma del acuerdo suscrito con las asociaciones de jueces y fiscales. «Este ministerio ha manifestado, en varias ocasiones, que una vez resuelto el conflicto con las asociaciones de magistrados y fiscales entrarían de lleno a resolver las reivindicaciones del resto del colectivo», pero añaden que no hay movimiento alguno.

Los sindicatos convocantes de la huelga aseguran «que este conflicto se ha creado por el Gobierno, concretamente por dos ministras, la de Justicia y la de Hacienda y Función Pública, y con el beneplácito del Presidente«, Pedro Sánchez. Diariamente, el personal funcionario de la Administración de Justicia está realizando concentraciones y movilizaciones masivas en todas las ciudades de España. El seguimiento de los paros en la región (entre unos 1.500 trabajadores) supera el 90%. «Se está provocando un daño irreversible a la ciudadanía y al servicio público por la inacción de los responsables políticos, ya que con las suspensiones diarias que se están produciendo, por el seguimiento de la huelga, hay vistas cuyo nuevo señalamiento se están fijando para 2024 y 2025. ¿Es posible que un gobierno que se dice progresista mire hacia otro lado causando un grave perjuicio a la ciudadanía y al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva?, se preguntan; y, por eso, se exige la convocatoria inmediata y urgente de la negociación sobre la Ley de Eficiencia Organizativa que modificará nuestras condiciones laborales y el modelo organizativo de los órganos judiciales, la clarificación de las funciones de este y una mejora retributiva por la asunción de estos cambios.

«El balón está en el tejado de la ministra de Justicia, de la de Hacienda y Función Pública (María Jesús Montero) y del Presidente del Gobierno. Solo ellos tienen en sus manos la resolución de este conflicto con carácter inmediato, y solo a ellos se les está responsabilizando de no atajar y resolver este problema echando más gasolina al fuego y abocando a la Administración de Justicia a un caos sin precedentes cuyos grandes perjudicados son la ciudadanía», se añade.