Los juzgados, paralizados por la huelga de funcionarios: «Estamos hartos de ser ninguneados»

La primera mañana es de seguimiento masivo. A las puertas del palacio de Justicia de Llamaquique se concentraron entre 100 y 150 funcionarios, en Gijón otro centenar, mañana la foto se prepara en Avilés. Todos están movidos por el ejemplo cercano de los letrados de la administración. «Ellos representan al 7% de la plantilla de los juzgados y se cerró en falso su conflicto. ¿Qué hay para el resto?», planteaba Cristina Esteban, de CSIF. La plataforma reivindicativa reclama que, siguiendo a los secretarios judiciales, se apruebe una subida de 350 euros al mes para los auxilios, 375 para los tramitadores, 400 para los gestores y técnicos y 430 para los médicos forenses.

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«Al final subir a los letrados de la administración y no a los demás provoca una enorme injusticia», aprecia José Alfonso Sánchez. Lleva 30 años como auxilio judicial y entiende que el paro de sus colegas terminó «en agravio. La sociedad no es consciente de que nosotros también hacemos funciones por encima de nuestra categoría». A su lado Jesús Aguiar, que lleva tres décadas como gestor, asiente: «Hago huelga porque los juzgados al final los sacamos adelante nosotros y en esta última subida de sueldo no se nos ha incluido». Cuenta que un auxiliar empieza con «unos 1.200 a 1.300 euros al mes» y un gestor «anda en los 1.600 limpios», pero matiza: «Eso es el final del camino. Primero tienes que estar dos años opositando, luego dos años congelado en el primer destino que tengas, sin posibilidad de moverte y lejos de tu territorio, lo que con el dinero que cobras y el problema de vivienda que hay en este país es muy difícil».

Se pide dinero, pero no solo. «Están tramitando una ley de eficiencia organizativa que nos quita derechos y pedimos que se pare», expone María del Mar Álvarez. Tiene a sus espaldas 35 años de gestión procesal y pone un ejemplo: «Ahora cuando pides un cambio de destino, eliges el juzgado al que quieres ir. Con el nuevo sistema solo podría optar por un partido judicial y ya luego ellos ven en cuál juzgado te encajan». Si a eso se suma el dinero aprobado para los secretarios judiciales, la conclusión es clara: «Los funcionarios de Justicia somos los que menos pintamos, aquí pintan los jueces, los fiscales, los secretarios judiciales, los políticos pero nosotros no, se nos ningunea pese a que somos los que sacamos adelante el juzgado. Ya basta».

Esa sensación de menosprecio y de que los letrados de la administración de justicia han dejado una puerta abierta a escasas semanas de las elecciones, espolea al colectivo, aunque hay quien muestra otras motivaciones. Habla María Rosa Fuente: «Soy interina, me queda un año para jubilarme y si hago huelga es, sobre todo, por mis compañeros». Cuenta que ella entró en los juzgados en 1989, pero se salió a trabajar a un despacho una década después. Ahora, por avatares de la vida, ha vuelto a cruzar el mostrador y está espantada: «Creí que las cosas habrían mejorado, pero van a mucho peor. La organización, la carga de trabajo y unos ordenadores viejos que se te quedan colgados media hora acaban agotando».

La huelga de los letrados de la administración de justicia logró mejoras para el colectivo, al precio de generar un tapón importante en los juzgados. En la octava semana de paro el comité de huelga estimaba que en Asturias había 4.500 actos y juicios suspendidos, 5.400 demandas sin tramitar, 10.700 escritos por gestionar y 5.200 notificaciones y diligencias paradas. El Ministerio de Justicia cedió con la idea de activar luego en los juzgados algún tipo de refuerzos para poner el trabajo al día, algo que magistrados y abogados asumían llevaría muchos meses de sobreesfuerzo. En vez de eso la administración se encuentra con una plantilla sublevada. Las asociaciones judiciales y los fiscales están en cola, valorando seguir las movilizaciones, si bien plantean no parar al menos hasta que pasen las elecciones autonómicas.