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Dicen los sindicatos que ha sido éste un curso «muy difícil y muy problemático para todos los docentes asturianos». Tanto, que les ha llevado a ... convocar una huelga, hecho absolutamente extraordinario. Porque aunque sea la comunidad docente asturiana 'peleona' y está acostumbrada a movilizaciones, lo cierto es que las huelgas no son habituales desde hace tiempo. Nada menos que quince años han pasado desde que la enseñanza asturiana parara por última vez en protesta por la gestión del Gobierno regional. Ha habido en este tiempo más huelgas y masivas movilizaciones de profesorado, alumnado y familias, es cierto, pero la causa eran las políticas estatales, no autonómicas. Es decir, el 'enemigo' era el ministro de turno, no el responsable de la Consejería de Educación. Ni la polémica Ana González, ni la cesada Carmen Suárez tuvieron a los sindicatos de frente de esta manera tan contundente.
Fue el 1 de abril de 2009 cuando los cinco sindicatos de la Junta de Personal, de forma unánime, llamaron a los más de 11.000 docentes a secundar el paro contra la decisión del entonces consejero, José Luis Iglesias Riopedre, de someter a los profesores a la evaluación docente.
Un año después tuvo lugar la primera huelga de la concertada en dos décadas y en 2012 hubo una jornada histórica de paro de toda la enseñanza pública, desde Infantil hasta la Universidad, en contra de los recortes del gobierno central. En 2013 hubo otra huelga contra la ley Wert y, después, paros más limitados, de estudiantes y de interinos, por ejemplo.
Como queda dicho, quince años sin una protesta de estas características, pese a que se han vivido en las últimas legislaturas momentos muy delicados. Dicen los sindicatos que el contexto es distinto, que en pandemia tuvieron más paciencia porque la situación era compleja y que ahora se dan dos circunstancias específicas: primero, el «hartazgo» por llevar «23 años esperando mejoras que se prometen en cada curso» y, en segundo lugar, la «cerrazón» de la consejera, Lydia Espina, para llegar a acuerdos. Así que la convocatoria de huelga para el 10 de septiembre se mantiene pese a que hay una oferta de la consejería para introducir algunas de las mejoras históricas para los docentes, especialmente la rebaja del horario lectivo de los maestros, a quienes la ley les permite hace tiempo recuperar las 23 horas. Pero se podría decir que dichas mejoras, para los sindicatos, llegan tarde y son insuficientes.
Ambas partes hablan de su voluntad de negociar, del poco interés que tienen en que la huelga se lleve a cabo. Pero tal pareciera, por los hechos, que ninguno de los 'bandos' quiere frenar la protesta y que el inicio del curso 2024-2025 quedará marcado por este hecho. Hoy mismo está previsto que el director general de Personal Docente, César González, se reúna con el comité de huelga para establecer los servicios mínimos del día 10 de septiembre.
Las dos partes exponen argumentos para culpabilizar al de en frente si así sucede y ambos dicen estar haciendo un esfuerzo que, en cualquier caso y hasta el momento, no ha dado ningún fruto. La cuestión es que, desde hace meses, la mirada de CC OO, UGT, CSIF y SUATEA, los cuatro sindicatos convocantes, está puesta en Lydia Espina. Cada central ya se ha reunido, de forma individual, con el director general de Personal Docente, César González, para exponer sus demandas. Unas demandas que ahora se centran en una única cuestión: que la consejera cite al comité de huelga para negociar. Dicen que ese es el organismo indicado. Y responde la consejería que no, que no lo es, que al comité le corresponde negociar los servicios mínimos y poco más. Espina pide desconvocar la huelga para poder firmar los planes de mejora. Los docentes responden que no van a actuar frente a «chantajes».
Es evidente que el diálogo entre la consejera y los sindicatos no funciona y que unos y otros están enrocados en sus posiciones. En anteriores conflictos con Lydia Espina (un encierro, por ejemplo) han recurrido a la intermediación de Izquierda Unida. Esta vez han hecho un llamamiento expreso al presidente del Principado, Adrián Barbón: creen que debe ser él quien inste a la consejera a sentarse con ellos a negociar.
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