MARIO ÁLVAREZ
GIJÓN.
Miércoles, 16 de junio 2021, 02:36
Más de 2.000 euros. Esa es la cantidad que Belén Domínguez, propietaria del bar La Caleya, en Carabanzo (Lena), reclama a la Consejería de Salud tras calcular las pérdidas correspondientes a los cierres en noviembre y parte de diciembre por la pandemia. Se ... trata del primer caso de reclamación patrimonial que un negocio presenta en Asturias -lo hace por la vía administrativa- y se fundamenta, según consta en la misma en la «obligación que tienen las administraciones de compensar las pérdidas económicas provocadas por la clausura de negocios durante el estado de alarma».
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«Nosotros no debatimos si las medidas sanitarias estaban justificadas. No es la cuestión que nos ocupa. Lo que pedimos es la devolución de las pérdidas que estas medidas han provocado a mi clienta», señaló Víctor Ferreira, del despacho Luengo Abogados de Gijón, que representa a la hostelera. A la hora de evaluar la cantidad que reclaman se han basado en los ingresos de ese mismo periodo correspondientes al año 2018, (en 2019 el local estuba cerrado por enfermedad). En este sentido, especifica que la ley no cuestiona la necesidad ni proporcionalidad de las medidas, pero no ofrece la posibilidad de conceder subvenciones a los negocios como mecanismo de compensación. «No criticamos que haya prestaciones, pero no sirve para reparar los efectos lesivos que han provocado. Tiene la obligación de abonar el dinero que se ha dejado de percibir y esta cantidad varía en función de cada negocio», señaló.
El propio letrado reconoció que existe la posibilidad de que haya más hosteleros que sigan los pasos que ha dado Belén Domínguez. Aunque esta hostelera ha optado por la vía administrativa, tampoco descarta acudir a la vía penal. «La Administración siempre desestima los recursos por sistema -dice el abogado-, aunque confiamos en que, en segunda instancia, el contencioso-administrativo nos conceda la razón». «La ley no ofrece duda alguna. Solo hay que aplicarla», advirtió.
Mientras, la dueña del bar de Pola de Lena, Belén Domínguez, recordó que su concejo estuvo cerrado perimetralmente durante 54 días, siendo el municipio que sufrió las medidas restrictivas más duras. En semejante contexto, lamenta haber perdido más de 10.000 euros desde el inicio de la pandemia, «una cifra inasumible para cualquier persona».
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De momento, la reclamación patrimonial se centra en el cierre del mes de noviembre y parte de diciembre de 2020, aunque no descartan hacerlo extensible al resto de periodos del año en el que, como consecuencia de las restricciones, se han perdido ingresos. «Ni siquiera los hosteleros queríamos beneficios. Solo poder hacer frente a los gastos fijos que, por cierto, no nos perdonaron. Me gustaría saber qué habría pasado si fuesen los representantes públicos los que hubieran estado en nuestra situación», remarcó la dueña de La Caleya. «Con todo el daño que nos han causado, cuesta mucho remontar», sentencia.
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