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La reciente reforma de la Ley de Turismo de Asturias para regular y controlar el cada vez más amplio parque de vivienda turística que existe en la región tendrá repercusión en los presupuestos autonómicos. La nueva ley endurece los requisitos a este tipo de ... alojamientos y prevé un incremento de las inspecciones para combatir la oferta ilegal y garantizar el cumplimiento de las nuevas normas, estableciendo sanciones de entre 150 y 100.000 euros en caso de incumplimiento.
El Gobierno regional asegura que el refuerzo de los mecanismos de control sobre este tipo de alojamientos turísticos ya ha implicado un incremento del número de sanciones este año, por lo que ha previsto un exponencial aumento de ingresos por multas y sanciones de este tipo en los presupuestos del año que ahora entra. Concretamente, tal y como se dio a conocer durante la comparecencia de la Consejería de Hacienda en la Junta General para explicar el presupuesto de este departamento, el Ejecutivo regional estima un incremento del 227% de los ingresos por sanciones a los pisos turísticos que no se ajusten a la legalidad, lo que en términos absolutos implicará una recaudación estimada de cerca de medio millón de euros por este concepto. Exactamente 491.000 euros frente a los 150.000 euros que preveía por este mismo concepto el presupuesto para el año en curso.
El propio consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aclaró que esta previsión económica obedece a la reciente reforma de la ley de Turismo, que implica un incremento de inspecciones y endurece los requisitos para este tipo de equipamientos turísticos. No obstante, la ley que fue aprobada el pasado mes de noviembre en la Junta General fija un plazo de 18 meses para que los equipamientos puedan adaptarse a la ley.
La nueva normativa incorpora con rango de ley las viviendas de uso turístico como una modalidad de alojamiento reconocida y regulada, y estipula que éstas se contratarán íntegramente, esto es, quedará prohibido el arrendamiento por habitaciones.
Además, el Gobierno podrá solicitar a los dueños de pisos una declaración responsable para el inicio de actividad que incorpore una «certificación» de la Junta de Comunidad de Propietarios sobre la posibilidad de comercialización turística, de conformidad con los requisitos que establece al respecto la legislación de propiedad horizontal.
La ley también deja claro que no podrá comercializarse como vivienda de uso turístico ningún tipo de vivienda sometida a un régimen de protección pública o protección oficial y que este tipo de alojamiento deberá exhibir en un lugar destacado y visible una placa identificativa de su condición de vivienda de uso turístico y número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.
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