Golpe a la burocracia: el Gobierno de Asturias evitará papeleo, facilitará obras menores y agilizará las ayudas

Por partes. La iniciativa parte de la Vicepresidencia del Principado que lidera Gimena Llamedo y tiene forma de nueva ley de régimen jurídico de la administración. El borrador establece como objetivo lograr «una administración digital, ágil, tecnológica, más cercana al ciudadano y proactiva». Dar ese paso al siglo XXI «exigirá una revisión integral y preceptiva» de los procedimientos, buscando «la racionalización de cargas y la necesaria simplificación de trámites y actuaciones».

Y esto, ¿cómo se logra? Por ley se establece como obligación la «reducción de trámites y mejora de los plazos de resolución». También quedaría fijado que «la Administración del Principado no exigirá documentación a las personas interesadas que ya se encuentre en su poder o haya sido elaborada por cualquier otra administración». Es decir, deberá ser la consejería de turno la que deba ponerse en contacto con la Agencia Tributaria o con otros estamentos públicos para pedir copia de lo que el ciudadano ya entregó una vez en una ventanilla.

Queda en manos del ciudadano «elegir en todo momento si se comunican con la Administración y sus organismos (...) a través de medios electrónicos o no. Dicha elección podrá modificarse en cualquier momento».

Entre las novedades está que la Administración se impone intentar ser «proactiva». Para ello, siempre que el ciudadano voluntariamente lo haya consentido antes, se le podrá incluir en una gama de servicios más personalizados. En el mismo sentido el borrador avanza que habrá «experiencias piloto» de innovación administrativa.

El texto reconoce que hay tareas burocrácticas susceptibles de dejar de tramitarse con papeles y que pueden ser automatizadas, resueltas así por la informática. El borrador ya avanza la posibilidad de que el Principado haga uso de la Inteligencia Artificial, tanto en el procesamiento de solicitudes, como en la comprobación de requisitos «y toma de decisiones». Eso sí, se informará al ciudadano de qué uso se hace de la IA y cuáles son los riesgos que implica.

Otra herramienta para facilitar la vida a los asturianos es la generalización de las declaraciones responsables. En la pasada legislatura ya se empezó a introducir esta figura con el objetivo de cambiar la relación con el ciudadano. En vez de no autorizar los proyectos hasta que estén todos los papeles presentados y revisados, en determinados supuestos se da luz verde si el interesado firma un papel asegurando que cumple con la norma. Eso sí, se expone a que cuando la administración pública tenga tiempo para revisar su caso, descubra que mintió y deba volver a la casilla de salida.

Ahora se reconoce el derecho a presentar declaraciones responsables a quienes quieren hacer obras en los edificios o terrenos que quedan dentro de las zonas de protección de las carreteras, o de servidumbre y afección de las mismas. Esta medida facilitará reparaciones en tejados, cambios de puertas y ventanas, pintado de fachadas o renovaciones de saneamiento, entre otros trabajos.

También podrá presentar declaración responsable quien quiera hacer un aprovechamiento maderable en montes incluidos en el plan forestal.

Suma y sigue. Uno de los cuellos de botella que está teniendo el Principado en los últimos tiempos está en la gestión de las subvenciones. Las convocatorias para la rehabilitación de edificios, la compra de vehículos menos contaminantes, el pago del alquiler o la factura de la luz acaban generando aludes de documentos que cuesta revisar, valorar y resolver.

El borrador agiliza esos procesos regulando varias opciones. El procedimiento simplificado por ejemplo se podrá poner cuando baste cumplir los requisitos para acceder a la subvención. Se regula la tramitación anticipada, para que por ejemplo las ayudas al alquiler empiecen a aprobarse antes de que entre en vigor el presupuesto que las nutrirá. Se describe un procedimiento urgente de reparto de ayudas para catástrofes o situaciones sobrevenidas.

Entre los ajustes que se hacen a otras normas, la iniciativa aprovecha para fijar en un máximo de seis meses el tiempo para aprobar o denegar una autorización ambiental integrada. También mantiene que los hórreos, paneras y cabazos clasificados como Bien de Interés Cultural sólo podrán usarse como granero o almacén de herramientas, pero en el resto de edificaciones permite otros usos siempre que respeten el bien etnográfico.

Hay medidas que afectan a la arquitectura interna de la propia administración. Así se prohibe la creación de «nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes» a menos que se lo suprima o retiren competencias. «La creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro que desarrolle igual función», subraya.