El Gobierno regional destina 4,57 millones al Salario Social de noviembre

El Gobierno ha destinado hasta ahora 99.021.375 euros al pago de la renta básica, incluido el correspondiente a octubre. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales prevé que la nómina de este mes ascienda a 10,3 millones y llegue unas 22.000 familias que carecen de recursos suficientes para cubrir necesidades fundamentales.

"El salario social básico constituye el principal instrumento para luchar contra la exclusión y el único apoyo para más de 47.800 personas que afrontan serias dificultades económicas", señalan desde la Administración autonómica.

Además, el Principado suscribirá convenios con 13 ayuntamientos y entidades locales para la gestión de los equipos de intervención técnica de apoyo a la familia (EITAF), a los que destinará este año 1.183.350 euros. Estos equipos son recursos especializados que impulsa y financia el Gobierno de Asturias con el propósito de mejorar las relaciones socio-familiares y promover el bienestar de los menores. El año pasado, prestaron apoyo a 843 familias y 1.397 niños.

Las entidades locales se encargan de prestar el servicio, según lo establecido en los convenios. Así, los concejos cabecera de los equipos suscriben los acuerdos con el Ejecutivo y se encargan de aportar el local, contratar a los profesionales y ofrecer las prestaciones oportunas en toda la comarca. El resto de los municipios únicamente corren con los gastos de desplazamiento de los profesionales.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una nueva resolución de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales por la que se regula la acreditación de la cualificación profesional y la habilitación excepcional del personal de atención directa en centros y servicios sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Esta norma traspone y adapta al ámbito autonómico el acuerdo de 18 de octubre del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que flexibiliza las condiciones para garantizar la estabilidad en el empleo del sector. Concretamente, fija un nuevo plazo para exigir la cualificación profesional hasta 2022, amplía el ámbito de la habilitación excepcional y articula un régimen especial para el medio rural.

Una vez entre en vigor la resolución, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), los profesionales que trabajen en el sistema de la dependencia: auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultores, cuidadores o auxiliares educadores, y carezcan de la titulación requerida, podrán solicitar ante la Consejería de Servicios y Derechos Sociales la habilitación excepcional que les permita continuar con su labor si acreditan tener experiencia en la categoría correspondiente.