El Gobierno quiere prohibir las ganaderías de vacuno a menos de 500 metros de los pueblos

«El 80% de las granjas bovinas están en peligro». Es la advertencia que los sindicatos agrarios realizan sobre el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para regular las explotaciones de vacuno y que, entre otras cuestiones, quiere prohibir las ganaderías a menos de 500 metros de las poblaciones. Según recoge el proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, tampoco se podrán utilizar las cuadras ubicadas en los núcleos rurales, ni por supuesto, construir nuevas naves. Un texto que enciende aún mas los ánimos entre los ganaderos de la región y que supone un golpe más en la línea de flotación del sector, aún en convulsión por la mayor protección del lobo exigida por el Ministerio de Transición Ecológica sin tener en cuenta ni al sector ni a las comunidades.

«Quien ha tomado esta decisión no ha pisado el campo asturiano en su vida. Esta medida imposibilita prácticamente la actividad en la región. Ni atiende a la orografía, ni a la demografía, ni a la naturaleza propia del ámbito cantábrico», señaló ayer el presidente de Asaja, Ramón Artime.

La batería de medidas para regular las explotaciones de bovino en materia de sanidad animal tampoco les resulta mucho más favorable. Tras la polémica con la inclusión del lobo en el Listado Oficial de Especies Protegidas (Lespre) a la espera de que se pronuncien los tribunales, ahora las medidas se centran en la protección. «El lobo es la principal causa de muerte del ganado. Sin embargo, miran hacia otro lado, y se limitan a preocuparse por las enfermedades de transmisión en la fauna silvestre», se queja la secretaria general de COAG, Mercedes Cruzado. Para esto último, el Gobierno de Pedro Sánchez exige instalaciones permanentes, cubiertas y aisladas con capacidad para alojar a todos los animales de cada explotación. Eso sí, tal y como afirma la plataforma Asturias Ganadera, «facilidades logísticas no dan ni una y todo los esfuerzos económicos corren a cargo de los ganaderos».

Las adversidades no se quedan aquí. En primer lugar, el Gobierno de Pedro Sánchez incrementa el número de terrenos protegidos como 'elementos de paisaje' y, al mismo tiempo, se limita la actividad económica del resto de fincas al obligar a dejar sin segar los márgenes y exigir el descanso de los animales en terrenos uniformes.

Ante la tentación que podrían tener ganaderos y agricultores de ignorar esta batería de medidas, el Ejecutivo apuesta por una contundente penalización: El 40% de las ayudas que reciban están condicionado al estricto cumplimiento de la política dictada desde Madrid. En concreto, los más de 19 millones que se enmarcan dentro del presupuesto de la PAC (Política Agraria Común) dependen de este último requisito. Así pues, para acceder a las subvenciones habrá que justificar el cumplimiento de las exigencias, que los sindicatos agrarios tachan como «una imposición de quien legisla sin tener conocimiento alguno sobre el campo asturiano».

Precisamente, al Gobierno de Barbón le corresponde defender las particularidades de la ganadería regional, similar a la del resto de la cornisa cantábrica y diametralmente opuesta al modelo ganadero del resto del país. Consciente de ello, el consejero asturiano de Medio Rural, Alejandro Calvo, apoyó en la conferencia sectorial de ayer el modelo de explotación familiar agraria sostenible de la cornisa cantábrica.

Aun así, el ministro Luis Planas insistió en que «no puede haber 17 modelos, uno para cada comunidad autónoma», instando a que los gobiernos autonómicos alcancen un acuerdo que pueda resultar favorable a todos, algo que a día de hoy parece una quimera. En cualquier caso, cada vez se reducen más los plazos para obtener ese ansiado consenso. En menos de un mes, el ministerio elevará a consulta pública el Plan Estratégico de la PAC porque antes de que termine el año, tendrá que ser remitido a Bruselas el plan definitivo sobre el que la Unión Europea tendrá la última palabra.

De momento, el Principado evita pronunciarse sobre el sentido de su voto, aunque ha presentado las alegaciones pertinentes. Aunque hay quien pueda ver la cautela del Gobierno de Barbón como un ejercicio de prudencia, el recelo en los sindicatos comienza a ser mayúsculo.

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