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E. PANEQUE
GIJÓN.
Lunes, 30 de agosto 2021, 01:24
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, revalidó ayer el compromiso heredado de su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, de avanzar hacia el pago por usar autovías y carreteras nacionales. De hecho, ha ido un paso más allá puesto que hasta ahora era ... un proyecto trasladado por el Gobierno central a Bruselas, pero que nunca había sido defendido de una forma tan taxativa por un responsable del Ejecutivo.
Raquel Sánchez subrayó ayer la necesidad de que «articular una propuesta para tarificar la red viaria» cuyo objetivo sea «alcanzar un sistema justo para los ciudadanos y equilibrado para todos los territorios». La ministra, que defendió esta postura a través de un artículo publicado en 'La Vanguardia', apoyó su argumentario en que «el porcentaje de la red tarificada de alta capacidad en España es una de las más bajas de Europa (el 15%), mientras que en países de nuestro entorno apuestan por cobrarla casi en su totalidad».
España ofrece 9.076 kilómetros de autovías estatales libres de peaje, 14.383 de nacionales y 484 de vías multicarril. En Asturias el sistema de cobro empezaría en los 347,68 kilómetros de autovías (A-8, A-66, A-63 y A-64) para seguir luego por los 471 kilómetros de nacionales. El Principado, titular de las autovías minera (AS-I) y AS-II, viene rechazando la idea, pero a esos 74,5 kilómetros podría sumas otros 4.118 de vías de calzada simple.
La ministra de Transportes circunscribe este debate al marco de la Estrategia de Movilidad Sostenible de la Unión Europea. «Hay dos opciones: seguir con el sistema actual, con todos los desequilibrios e ineficiencias que genera; o transitar hacia un sistema de contribución del usuario que libere una parte del presupuesto público para otras necesidades».
Raquel Sánchez reconoce que este nuevo modelo está aún en una fase muy embrionaria, puesto que invita a discutir la propuesta con los grupos políticos, los agentes sociales y las administraciones. No obstante, en ese ambicioso camino hacia la reducción de emisiones, que se ha marcado tanto la Comisión Europea como el Gobierno central, la premisa de partida no parece que vaya a ser objetivo de discusión. «Quien contamina, paga», recalcó ayer la titular de Transportes.
La intención, cada vez más decidida de sacar adelante esta propuesta en el medio plazo, responde también a una de las demandas que ya había venido haciendo en los últimos la patronal de las grandes constructoras (Seopan). Desde 2018 apostó por el establecimiento de un peaje de entre uno y tres céntimos por kilómetro recorrido para turismos y de cinco a 14 céntimos para camiones. Si esto se traslada a uno de los recorridos más realizados en Asturias -de Gijón a Oviedo por la 'Y'- esto se traduciría en el pago de 26 a 78 céntimos por viaje.
En el borrador que el Ejecutivo de Pedro Sánchez remitió en mayo a Bruselas no se ahondaba en muchos detalles. Por ejemplo, no se especificaba si se aplicaría un peaje por kilómetro recorrido o lo haría con una viñeta anual. Las palabras de ayer de la ministra no añaden muchas más especificidades a cómo quedará el sistema pero cobran valor al reafirmar este compromiso como algo prioritario en su departamento para lo que queda de legislatura. «Para conseguir nuestros objetivos climáticos, tenemos que mirar a la carretera», insistió Raquel Sánchez para quien los tramos actuales con peaje directo «están distribuidos de una manera ciertamente aleatoria por el territorio».
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