Desde el 1 de enero ir y venir en coche a Madrid supone 59,2 euros solo en peajes. La tradicional subida de tarifas sitúa a los conductores ante dos recuerdos. De un lado, el hecho de que el Huerna (AP-66) habría dejado ... de ser una autopista de pago el 17 de octubre de 2021 si el Gobierno central no hubiera alargado la concesión hasta el 2050; lo hizo en virtud de un acuerdo cuya legalidad sigue revisando la Comisión Europea. Del otro lado está que, para paliar el perjuicio a los clientes, el Ejecutivo central financia rebajas a determinados usuarios. Sobre este punto existe una verdad incómoda, nunca revelada hasta hoy.
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EL COMERCIO accedió a los expedientes tramitados para activar dichas bonificaciones. De los documentos oficiales aflora una evidencia: en realidad el Gobierno central está destinando a financiar las rebajas a los turismos mucho menos dinero del que tenía autorizado para este fin. Y además calcula que, pese a la mejoría activada en las bonificaciones la pasada legislatura, seguirá quedando dinero sin aprovechar. Por partes.
Bonificar el peaje a determinados usuarios implica modificar el contrato de concesión con Aucalsa. Para dar ese paso, tres son los principales departamentos que deben pronunciarse. De un lado está el Ministerio de Transportes -antes de Fomento-, que inicia la tramitación y hace una propuesta estableciendo qué tipo de viajero se beneficiará, cuál es el tráfico esperado a futuro y en consecuencia, cuánto costará la medida. El Abogado del Estado debe verificar que ese borrador cumple la legislación. El momento clave es cuando el Ministerio de Hacienda revisa los números de Transportes, valora su impacto en los Presupuestos Generales del Estado presentes y futuros y, si está conforme, autoriza el expediente para que llegue al Consejo de Ministros, donde se le da luz verde definitiva.
El 21 de diciembre de 2007 José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del Gobierno y esa reunión clave tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa. El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, había elevado el visto bueno de su Dirección General de Presupuestos a las bonificaciones planteadas a vehículos ligeros. El informe especifica que «al amparo de la competencia atribuida en el apartado 3 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se autoriza al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en los siguientes términos». A continuación marca cuál es el dinero máximo que se podrá destinar a financiar los descuentos para coches en cada uno de los años entre 2008 y 2050. En total aquel día el Ejecutivo central se comprometió a dedicar un máximo de 394,5 millones a la cuestión hasta el final de la concesión.
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La realidad sin embargo va por otros derroteros. El tráfico crece menos de lo previsto y las condiciones establecidas por Fomento para acceder a la bonificación exigen disponer del sistema de pago de Via-T en el coche y hacer cinco o más recorridos al mes por la AP-66. Son condiciones que al final provocan que los beneficiarios sean un colectivo muy reducido. Tanto que sus descuentos están lejos de agotar el fondo.
Datos. El acuerdo del Consejo de Ministros autorizaba a destinar hasta 64 millones a las bonificaciones de turismos en el Huerna entre los años 2009 y 2023. Los usuarios que al final accedieron al descuento fueron tan pocos en ese periodo que el ministerio solo ha tenido que abonar a la concesionaria 23,3 millones hasta el pasado noviembre. Es decir, al final está llegando a los usuarios poco más de un tercio de lo que dejó autorizado el Consejo de Ministros presidido por Zapatero.
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El Real Decreto original, alumbrado con Magdalena Álvarez al frente de Fomento, fijaba la bonificación para turismos en el 50% de la tarifa a partir del quinto paso por barrera al mes (lo que equivale a dos recorridos completos). En la pasada legislatura su sucesora, Raquel Sánchez, anunció una mejora. El descuento sería del 60%, también a partir del quinto paso por barrera. ¿Bastaba el cambio para aprovechar el fondo autorizado?
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La respuesta es negativa. El departamento de Raquel Sánchez calculó que la mejora atraería más usuarios pero estimó que como mucho requeriría de 246,4 millones entre los años 2023 y 2050. Solbes había dejado autorizado llegar a 336,7 millones en el mismo periodo.
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Ese desfase es algo en lo que se fijó Hacienda cuando el expediente sobre la mejora de las bonificaciones llegó a sus dominios, en julio de 2022. No puso objeciones en un informe con la siguiente frase: «Desde el punto de vista presupuestario cabe indicar que las necesidades presupuestarias pueden ser asumidas con los límites de compromisos vigentes, ya que las nuevas previsiones minoran las necesidades de gasto para ejercicios futuros respecto a las previstas en el momento en el que se aprobaron los límites de compromisos vigentes». Dio luz verde porque, a fin de cuentas, incluso con la mejora de bonificaciones se seguiría por debajo de lo autorizado.
La realidad de nuevo sigue por debajo de lo previsto. Transportes calculaba que con el cambio aplicado en el verano de 2022 cerraría ese año y el de 2023 desembolsando 7,1 millones en bonificaciones a turismos. Intervención General del Estado certifica que hasta el 30 de noviembre la cuenta pagada a Aucalsa se queda en 5,6 millones.
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La verdad incómoda aflora. El acuerdo de la época de Zapatero autorizaba a financiar descuentos hasta desembolsar un máximo de 9,4 millones ese bienio.
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