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Desde que se conoció que las universidades privadas estaban interesadas en implantarse en Asturias, una de las cuatro únicas comunidades autónomas que aún no tiene ... esta oferta, y ante la reacción de unos y otros, de ayuntamientos, Principado, Universidad de Oviedo y sectores económicos, estaba claro que el debate estaba servidos. Más aún cuando ha quedado claro que, al final, la aprobación o no de estos proyectos, es más una decisión política que de cualquier otra índole.
Los ayuntamientos de Gijón, Avilés y Oviedo han mostrado su satisfacción por los proyectos que se han fijado en cada una de sus ciudades. Nunca aclaró el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, si la «algarabía« de determinados sectores a la que hizo referencia en un mensaje muy crítico se refería a las administraciones locales. Pero si bien los trámites urbanísticos dependen de los Consistorios, la decisión última es del Gobierno regional. Y ahí, al »algarabía« no ha sido tal, al menos no públicamente.
Lejos de eso, el Principado ha dejado claro que tendrá especial cuidado en comprobar los requisitos de calidad de todos los proyectos: Universidad Europea, Antonio Nebrija y Alfonso X. Para ello no solo cuenta con que debe redactar una ley, en el caso de la primera, y un decreto, para las otras dos, que plantean centros adscritos. Si no que advierte que tendrá otro instrumento en su mano: el informe de la Comisión General de Política Universitaria, un informe que si bien no es vinculante en el caso de Asturias será «fundamental». Así lo habían avanzado a EL COMERCIO fuentes de la Consejería de Ciencia e Innovación y así lo reiteró ayer en la Junta General del principado el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
Solo hay que tener en cuenta un dato: el PSOE, junto con Sumar, ERC, Bildu y Podemos, apoyan una Proposición No de Ley para que ese informe sea vinculante. Y acabar así con la situación actual: desde 2018 se han emitido 21 informes desfavorables que, en muchas ocasiones, han sido desoídos por las Comunidades Autónomas.
La postura del Principado ha enfadado, y mucho, al gobierno local de Gijón. Su vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha tachado de «inaceptable» la situación. A su juicio, lo que pretende el Gobierno es «poner trabas» a un proyecto que está «muy avanzado». «Es un ataque intolerable a ciudades en las que, como Gijón, sus gobiernos municipales respaldan estos proyectos«. Como queda dicho, también los ayuntamientos de Avilés y Oviedo han mostrado su pleno apoyo y satisfacción por la llegada de estos proyectos.
Para el PP, la posición de «los partidos de la izquierda sólo se explica desde el sectarismo ideológico y la falta de respeto a la autonomía municipal. Porque nadie le está pidiendo al Gobierno de Adrián Barbón que deje de apoyar a la universidad pública, dado que no tiene por qué ser excluyente de la privada«. Dice esto Pumariega porque Guillermo Peláez, ayer en la Junta, insistió en varias ocasiones en que »la apuesta del Principado es la universidad pública«.
Pumariega defiende que «la llegada de la Universidad Europea va a suponer un impulso importantísimo al ecosistema educativo de nuestra ciudad, con una nueva entidad que complementa y completa la oferta formativa de la universidad pública« y que »va a ser un elemento motor y tractor de un nuevo polo de innovación para nuestra Milla del Conocimiento, con la característica de que se convertirá en un impulso y foco de atracción de talento joven, algo que beneficiará sobremanera a las empresas gijonesas y asturianas y a las que se planteen instalarse aquí en el futuro«. A declaraciones de este tipo contestaba recientemente Ignacio Villaverde, en la inauguración del Foro de Empleo de la Universidad, diciéndole directamente a los responsables municipales que «ya tenemos mucho talento aquí, no necesitamos que nadie lo traiga de fuera».
Las posturas, es evidente, están muy alejadas. «Impedir este progreso y este beneficio supondría un monumental error y un nuevo ataque imperdonable al futuro de Gijón», dice contundente Pumariega. «Esperamos que el Gobierno socialista de Barbón no lleve a cabo sus amenazas y vuelva a la senda del sentido común».
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