La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, en la Junta General. ALEX PIÑA

La gestión del salario social abre un nuevo cisma entre el Gobierno regional y toda la oposición

Podemos e IU creen que Álvarez va «contra la parte más débil» al dudar de las ganas de trabajar de los beneficiarios. PP y Vox ven un «despilfarro» de dinero público

RAMÓN MUÑIZ

GIJÓN.

Martes, 11 de octubre 2022, 01:23

Tormenta sobre el salario social. En una entrevista con EL COMERCIO, la consejera Melania Álvarez mostró su disgusto con las acciones del Servicio Público de Empleo para contratar o formar a perceptores. Llamó a 370 personas, rehusaron postularse un 29,46% y otro 26, ... 76% «resultaron ilocalizables. No puede ser», dijo. «No podemos permitirnos no hacer nada para que esas personas salgan de vivir de una prestación. Ni pensar que hay niños y niñas en esta región, y los hay, que aspiran a vivir del salario social. Me parte en dos», decía.

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Las reflexiones encendieron igual a izquierda y derecha, en un momento en el que el Gobierno regional busca apoyos para sacar la que entiende su ley más importante, los presupuestos. Desde Podemos e IU consideran que Álvarez carga «contra la parte más débil de la sociedad» y «alimenta los discursos de la extrema derecha». La derecha ve en el análisis la prueba de que hay «derroche» y «mala gestión».

«La consejera cree que con quejarse y lamentarse es suficiente. Sus arrebatos de sinceridad no lo resuelven todo», apuntó Reyes Hurlé, del PP. «Amenazar a estas alturas con quitar el salario social a estas personas que lo necesitan no ayuda nada a facilitar su incorporación social y laboral». En el PP reclaman que, sin recortar la prestación, se refuerce su vinculación al empleo: «Los socialistas no pueden seguir arruinándonos con sus impuestos para luego despilfarrar el dinero de todos, como vienen haciendo con el salario social».

«La vinculación entre prestación e inserción laboral debe ser más eficaz y el hecho de que se renuncie a empleos es prueba de para qué sirven estas ayudas si no se gestionan correctamente», anotó Manuel Cifuentes, de Cs.

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«Resulta espantosa esta forma de culpabilizar a personas en riesgo de exclusión, pero esta consejera nos tiene curados de espanto», opuso Rafa Palacios, de Podemos. «La senda del Gobierno asturiano, estigmatizando, restringiendo y mercantilizando lo que tiene que ser una prestación fundamental es impropia de un ejecutivo que se diga progresista», añadió. «Queremos un estudio de ese colectivo y esas llamadas, sus motivos, qué dicen los asistentes sociales. Si no existe eso la consejera daña un derecho de los más débiles de forma frívola o ideológica», coincidió Ovidio Zapico, por parte de IU.

«Una vez más el PSOE incumple sus compromisos y en la entrevista la consejera admite que este Gobierno es puro humo», afeó Adrián Pumares, de Foro.

En Vox critican «la pasividad del Gobierno y sus socios, que pretenden mantener hasta el infinito ese insostenible estado social y del bienestar en el que unos pocos pagan para mantener a muchos». Su diputada, Sara Álvarez Rouco, estima que «las políticas de las izquierdas de subsidios y ayudas permanentes patrocinan que los beneficiarios se acostumbren a desarrollar su vida ajustándose a estos ingresos, por mínimos que sean».

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