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Las facturas que durante el mes de agosto saldó Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), la red de geriátricos públicos, llevaban de media 198 días de espera, esto es, más de seis meses. Desde 2013 y en aplicación la Ley de Contratos ... del Sector Público el sector público tiene la obligación legal de abonar sus pagos antes de 30 días. El ERA es la entidad del Principado que más está tardando en hacer frente a sus obligaciones, con el agravante de que su dinámica va a peor. En agosto de 2023 su periodo medio de pago a proveedores era de 93 días, un año antes andaba en los 84 días y en agosto de 2021, con la pandemia, la cosa estaba en los 48 días.
De ello se habló ayer en el pleno de la Junta General, donde Beatriz Polledo, diputada del PP, acusó a la consejera responsable del área, Marta del Arco, de estar «ahogando» a los proveedores de los geriátricos. «Algunas empresas con solvencia siguen prestando su servicio, mientras pueden, pero a otras las ahogan», dijo. «Hay deudas de 600.000 euros, están perjudicando a los autónomos», abundó. Polledo llegó a decir que «no hay alimentos en los comedores, no hay pescado».
Del Arco replicó que «no todo vale» y acusó a la popular de pretender «inquietar» a la población. Negó que falten alimentos; algunos lotes de suministros sí quedaron desiertos pero se aseguró la provisión mediante contratos de emergencia, indicó.
Sobre el fondo del asunto, la consejera de Derechos Sociales reconoció estar lidiando con «un retraso en la tramitación de las facturas, que van desde los 290 euros hasta los miles de euros y nos llevan el mismo tiempo».
Del Arco recordó que su consejería tiene un presupuesto de 561 millones y está al frente de 73 centros; solo este año tiene en ejecución 256 contratos, de los que «más de 200» son del ERA. Contra el área hay 296 procedimientos judiciales y «solo el 12% están relacioados con impagos». Además estos pleitos los vinculó a la pandemia. «Estamos trabajando duramente para regularizar la situación», aseguró.
El PP planteó sus preguntas en el pleno de ayer tratando de poner la lupa sobre retrasos en varios campos. Pedro de Rueda por ejemplo recordó que la Ley asturiana de Movilidad de 2018 prescribía que antes de un año debía salir el reglamento que renueve las condiciones del sector del taxi, esto es, el régimen para otorgar licencias, el número máximo por concejo, y un posible tope de licencias por persona. «Han pasado cinco años y los 1.400 profesionales del taxi siguen a la espera», afeó. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, señaló que las últimas sentancias sobre la materia «dan una base sólida para desarrollar ese reglamento».
Rafael Alonso, también del PP, dijo llevar desde abril preguntando por las ayudas para la renovación de vehículos; la consejera Nieves Roqueñí respondió asegurando que ultima unas bases reguladoras de las mismas que «ahora van a salir» al Boletín Oficial. Lo harán con carácter plurianual, de forma que «si este año hay una baja ejecución las bases nos sirven para las convocatorias de los próximos años».
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