Los geriátricos alertan de cierres por los cambios que les exige el Principado

A través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar saca a licitación ayudas por valor de 8,5 millones (6,2 para repartir entre empresas privadas y 2,3 entre entidades sin ánimo de lucro) para implantar esa nueva fórmula geriátrica que tiene como base incrementar la intimidad personal con habitaciones individuales y unidades de convivencia de no más de quince personas.

En concreto, la propuesta de resolución que ha salido a información pública fija que el 65% de las habitaciones de una residencia deben ser de carácter individual, en contra de la práctica habitual de tener habitaciones dobles que, en la mayoría de las ocasiones, son utilizadas por personas sin relación familiar.

También diseña los futuros espacios. Las habitaciones, además de ser individuales, deben aumentar de espacio, pasando de los 10 metros cuadrados establecidos en la actualidad en el decreto para poder lograr la acreditación del Principado (sello imprescindible para poder atender a personas beneficiarias de la Ley de la Dependencia) a los 14. Las habitaciones dobles tampoco pueden medir los 14 metros cuadrados actualmente fijados, sino que deberán pasar a 18.

Y marca cambios estructurales en los edificios. Los baños deberán ser individuales (ahora hay uno por cada cuatro usuarios) y los espacios comunes deben estar diseñados para su uso, como máximo, por 15 personas.

Y son, precisamente, esas claves las que han hecho que el sector se una en el rechazo a los criterios fijados por el Principado. Lo hicieron en forma de alegaciones y, también, en una reciente reunión con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.

«Todos le hemos dicho que no estamos de acuerdo con esos requisitos, que no se pueden cumplir», apuntó Arsenio Alonso, presidente de la Asociación de Centros Geriátricos (Ascege). Lidera él la patronal geriátrica que más plazas concertadas aglutina. «Tenemos una reunión fijada la próxima semana para ver los cambios que podemos hacer a esa convocatoria».

Una cita en la que también estará Argas, que acumula el mayor volumen de centros. «La asociación la forman 42 centros privados que atienden a 1.500 usuarios y dan empleo a 750 personas», recuerda su presidenta, Marisol García.

En las alegaciones que firma, sostiene ella que los criterios fijados por el Principado «no resuelve los problemas del sector, sino que los agrava». Lo dice porque considera que «la exigencia de que los centros cuenten con un porcentaje mínimo del 65% de habitaciones individuales supondrá una reducción sustancial de la oferta».

Un recorte, abunda, «en un escenario de envejecimiento poblacional en la región». Con ese panorama, para Argas, si las residencias llevan a cabo los cambios a que obliga el Principado «la posibilidad de que las personas mayores que lo necesiten puedan recibir los cuidados adecuados disminuirá sensiblemente».

Con más personas mayores en Asturias y menos centros residenciales abiertos «todo conducirá al colapso del sistema de cuidados de larga duración del Principado, tanto a nivel público como privado, que no podrá atender a la demanda creciente».

Porque, enumera García, «el 80% de las plazas residenciales de las más de 12.000 existentes en la región son gestionadas por entidades privadas», a las que suma «las 2.000 plazas en régimen de concierto». En noviembre, eran 1.896 las personas que estaban en lista de espera para poder acceder a una residencia.

Argas critica, también, que «las residencias públicas no están obligadas a cumplir los criterios exigidos por el acuerdo de criterios de acreditación» y señala el, a su juicio, desigual reparto. «Tres residencias públicas van a recibir casi cinco millones», mientras que las privadas «nos tenemos que repartir 3,5 millones». Según sus cálculos, «cada residencia pública se repartirán 1,5 millones, mientras que a las privadas, en un reparto equitativo, nos llegarán 17.500 euros».