Los gastos del ERA por demoras y condenas judiciales se disparan hasta los 1,3 millones

La diputada popular Beatriz Polledo va más allá y denuncia que la última modificación presupuestaria para tal fin, de la que el principal partido de la oposición tuvo conocimiento esta semana, asciende a 101.000 euros y procede de la partida destinada a alimentación. Los hechos, reprocha Polledo, «son muy graves» y «rozan el delito», máxime después de que los populares se hubieran hecho eco recientemente de las quejas sobre las deficiencias en materia de alimentación en los centros residenciales. «Es indecente», recrimina Polledo, «detraer recursos de alimentos con las deficiencias que ya hay» en las residencias.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar mantiene silencio absoluto y evita por ahora hacer ningún tipo de valoración o aclaración al respecto. Mientras, el PP les acusa de «negligente gestión» ya que tanto el ERA como el conjunto de la consejería están «sumidos en un absoluto caos en los procedimientos administrativos, suministros e impagos». Según la diputada popular, hay miles de facturas en los cajones sin abonar y hay impagos que se prolongan hasta un año y medio, por lo que muchos proveedores acuden a la vía judicial para poder cobrar. Como consecuencia, asegura, el año pasado se registraron 28 sentencias condenatorias a las que la consejería tiene que hacer frente ahora y están costando a los asturianos «cientos de miles de euros» ya que, anota, detrás de cada impago hay intereses de demora y el pago de costas.

La polémica no es nueva. La semana pasada la consejera del ramo, Marta del Arco, ya tuvo que responder en el Pleno a las críticas de la diputada popular, quien acusó a la máxima responsable en materia de Derechos Sociales de estar «ahogando» a los proveedores de los geriátricos por los impagos. Las facturas que durante el mes de agosto saldó el ERA llevaban de media 198 días de espera, frente a los 30 que marca la ley.

El asunto lo volvió a denunciar ayer el PP tras la reunión de la Junta de Portavoces, tras la cual los diferentes grupos también se pronunciaron sobre el cuestionamiento de los letrados de la Junta al proyecto para la modificación de la Ley de Turismo, con la que se persigue regular los pisos turísticos. En línea con la advertencia realizada en comisión parlamentaria por varios expertos, los letrados de la Junta ven «ilegal» que el Principado pueda exigir a los propietarios de estas viviendas un permiso explícito de la comunidad de vecinos porque, en su opinión, contraviene la ley estatal de propiedad horizontal.

Sobre este punto, el PP exige que se acaten los reparos de los letrados mientras Vox entiende que el citado informe de los servicios jurídicos de la Cámara no hace más que avalar la enmienda a la totalidad que planteó su formación en el último Pleno, y que decayó por falta de apoyos. La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, y su homólogo en IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, enmarcaron el informe dentro de la normalidad del proceso legislativo y mostraron su confianza a que se pueda «adaptar» el texto durante la ponencia para atender las distintas enmiendas presentadas, así como aquellas cuestiones planteadas por los letrados de la Cámara.

Por otra parte, Carcedo informó de que la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía para avanzar hacia la oficialidad de la llingua asturiana será a finales de octubre, después de haber sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara y enviada al Gobierno autonómico para emitir criterio, con un plazo máximo de diez días. Carcedo mostró su deseo de abordar el debate «de forma serena y reflexiva» mientras que Vegas aseguró que su formación está abierta a tender la mano al PP y a Foro para que se unan a la reforma del Estatuto y poder «consensuar la ley de oficialidad».