¿Cuántos funcionarios asturianos se verán afectados por la falta de acuerdo con Muface?

Las tres firmas llevaban tiempo advirtiendo de que la propuesta económica planteada era «insuficiente» para compensar las pérdidas que asumen por este negocio, agravadas en los dos últimos años por unos contratos desfasados frente a la subida de costes sufrida en el periodo inflacionista. DKV, por ejemplo, calcula unas pérdidas de 77 millones de euros en dos ejercicios –casi las mismas que en el anterior concierto, que fue de tres años– con un gasto en prestaciones médicas que hasta ahora ha sido más de un 10% superior a la prima que ha recibido por ellas.

El gran temor es que ahora, sin ninguna aseguradora privada dispuesta a ofrecer este servicio, sea la sanidad pública –ya de por sí saturada– la que tenga que absorber esa riada de funcionarios. En el caso de Asturias, el sistema mutualista cubre en Asturias a 20.644 funcionarios de la Administración pública, mientras que otros 14.925 están cubiertos por los servicios sanitarios de la Seguridad Social.

Un reciente estudio de la Fundación IDIS apunta a que esto provocaría un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas, y del 115% en las de cirugías. Se necesitarían casi 4.000 camas más y un aumento de 1.214 millones de euros anuales en el gasto del sistema público para evitar su colapso.

Con esas cifras sobre la mesa, el desmantelamiento de Muface no parece una opción. Por eso, la Dirección General del organismo convocó ayer a los sindicatos a una reunión urgente el próximo jueves, 7 de noviembre, con la idea de transmitir su intención de buscar fórmulas legales para continuar con sus prestaciones «en los términos actuales». Aseguran que una vez finalizado el concierto que está vigente hasta el próximo 31 de diciembre «se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público».

Por su parte, el Ministerio de Función Pública también ha movido ficha y pronto «iniciará los trabajos» para sacar a concurso una nueva licitación, con la esperanza de atraer a estas aseguradoras o incluso a otras interesadas que en su día también abandonaron el sistema, como es el caso de Mapfre, Sanitas o Caser.

A la espera de una nueva propuesta, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado para el próximo lunes, 11 de noviembre, una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno y frente al Ministerio de Hacienda.