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Caso Obras Públicas
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Caso Obras Públicas
El funcionario de Carreteras detenido en Cantabria por corrupción recibió pagos por parte de empresas asturianasRamón Muñiz | Daniel Martínez | Abel Verano
Gijón | Santander
Jueves, 9 de marzo 2023, 03:02
Cantabria está conmocionada desde que hace dos semanas el Cuerpo Nacional de Policía movilizara a más de 60 agentes en una operación contra la ... corrupción en la Consejería de Obras Públicas. Fueron detenidas ocho personas por supuesto amaño de contratos. La jueza Mercedes Compostizo sitúa al frente de la trama a Miguel Ángel Diez, jefe de servicio de Obras Públicas, en cuya casa se intervinieron 400.000 euros. El hombre sigue en prisión, ha dimitido un consejero y ha sido cesado un subdirector general.
Los 4.080 folios que forman el sumario del 'caso Obras Públicas' se centran en las presuntas mordidas y trato de favor que el funcionario cántabro pudo dar a las empresas Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad a partir de 2012. Sin embargo hay indicios de actividad ilícita previa por parte del encarcelado que salpican a empresas asturianas y que estarían prescritos.
No pueden ser objeto de investigación judicial, pero existen. Al menos es lo que se desprende del informe elaborado por la Agencia Tributaria sobre el entramado familiar creado por Diez y del que también forman parte su mujer y sus dos hijas. En el documento se concreta que el «posible cobro de comisiones ilegales» arranca en 2003. Diez años después, el patrimonio del grupo familiar habría pasado de 162.000 euros a 4,6 millones. Un incremento imposible de justificar por vías legales, según la Agencia Tributaria, que tiene una explicación alternativa.
En la etapa analizada, el organismo señala como pagadores a otras 19 empresas relacionadas con el ámbito de la construcción. Son 19 empresas al margen de la causa abierta, esto es, contra las que no se ha actuado judicialmente. Todas son adjudicatarias de obra pública y trabajaban con la Administración. Se trata de 14 sociedades cántabras y cinco de Asturias y Castilla y León. Durante una década habrían realizado ingresos de forma directa o indirecta a Beatriz del Río Gutiérrez, la mujer de Diez. Y lo habrían hecho, según la Agencia Tributaria, en contraprestación a la «participación interesada» de su marido, a través de informes y dictámenes técnicos, en la adjudicación de contratos en favor de estas empresas. El mismo método que, tras un parón de siete años, se reactivó de nuevo a partir de 2019, que es en lo que se centra la investigación.
Antes de incorporarse al Gobierno de Cantabria como alto funcionario de la Consejería de Obras Públicas, Miguel Ángel Diez trabajó durante tres años (1995-1998) para el Principado de Asturias. Menos evidentes son sus vínculos con Castilla y León. Sí se ha detectado alguna actividad en la ciudad de León: no solo tenía una cuenta abierta en una oficia del Banco Santander de la capital leonesa, con una caja de seguridad asociada. También contaba con apoyo contable de la Asesoría Charro y Gutiérrez, con sede en esta ciudad.
La Agencia Tributaria elaboró un informe sobre posible blanqueo de capitales al no cuadrarle determinados datos patrimoniales de la familia del funcionario. Se remonta a 2003, «ya que es a partir de ese año cuando se detectan imputaciones por ingresos en el modelo 347 (declaración de operaciones con terceros) a las personas investigadas». Mediante el formulario una serie de empresas reconocen haber hecho pagos a estos invidividuos «bien por tráfico comercial o bien a cambio de prestaciones de servicios».
En ese año 2003 la mujer del funcionario, Beatriz del Río, estaba dada de alta en el régimen de autónomos en el epígrafe 5057, el correspondiente a «Yeso, Escayola y Decoración». Declara rendimientos por importe de 378 euros, e ingresos de la empresa Campoo Comunidad de Bienes por otros 11.659,07 euros.
Sin embargo, «durante este ejercicio recibe imputaciones de ingresos procedentes de las siguientes empresas relacionadas con el Principado de Asturias y el Gobierno de Cantabria», refleja el informe. Son seis las sociedades que dicen haberle transferido un total de 145.250,72 euros. El listado incluye a Tsp Isfel Ingeniería, con sede en San Martín del Rey Aurelio y que ese año, subraya el fisco, tenía contratos con el Principado; la sociedad entregó a la mujer 48.838 euros. Señalización del Principado S. A., con base en Llanera, hizo lo propio con otros 24.400,6 euros. Según los datos de la Agencia Tributaria aquel ejercicio recibía encargos al menos del Principado y los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Llanera, Cangas del Narcea, Carreño y Ribadedeva, entre otros.
Construciones Alpa Coalpa, de Noreña, aportó también en 2003 otros 11.948,29 euros. Aquel ejercicio estaba trabajando para Feve, el Principado de Asturias y los ayuntamientos de Onzonilla y Cistierna, refiere el fisco. Un año después la misma declaró que como autónoma había ingresado 5.918 euros, y otros 13.154 euros de la comunidad de bienes en la que participaba. Ese curso comunicaron a la Agencia Tributaria haberle hecho aportaciones siete constructoras, por importe de 177.616 euros. Entre las mismas están Contratas Iglesias, Ascan, Arruti Santander y Tsp, todas con adjudicaciones ese año en Asturias. En 2006 le constarían, según el informe, nuevas aportaciones de 143.548 euros, parte de ellas de sociedades con sede en Asturias o trabajos en curso con administraciones asturianas.
A partir de ese 2007 la familia habría creado Zakescur primero y Parivara Lagani, empresas «con un claro perfil instrumental» para tratar de camuflar el tráfico de dinero.
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