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E. C.
Gijón
Martes, 7 de enero 2025, 08:24
Francisco Álvarez-Cascos se sienta este martes, 7 de enero, en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado hace ya más de cuatro años por la comisión directiva de Foro Asturias por un presunto delito de apropiación indebida. Quien fuera fundador y máximo líder de este partido político se enfrenta ahora a una condena de tres años y medio de prisión por un uso aparentemente inapropiado de los fondos de la formación desde su constitución hasta octubre de 2017. Un periodo en el que Cascos ejerció el cargo de presidente y luego, de secretario general. Y durante el que, según interpreta la jueza instructora del caso, Simonet Quelle, «ostentando presuntamente un absoluto control de la actividad y de las decisiones del partido», se sirvió «de su cargo orgánico para disponer de los fondos y recursos económicos titularidad de Foro para fines ajenos a la actividad política, tratándose de gastos personales».
La Fiscalía cifra en 181.648 euros el dinero que Cascos se habría podido apropiar de forma indebida después de que, en 2023, llegaran a las dependencias del Ministerio Fiscal nueve cajas de documentación adicional, alguna relacionada con estas diligencias y otras no, que hicieron al fiscal ampliar la cuantificación inicial. Le acusa de «utilizar los recursos del partido como propios» por pasar cargos a las cuentas de Foro de «gastos de carácter personal no relacionados con su actividad política» que cifra en 7.793,22 euros y, de forma paralela, desviar fondos al patrimonio de su familia a través de un contrato de arrendamiento de una oficina «de forma ficticia» por la que Foro abonó a una empresa vinculada a su tercera exmujer, María Porto, otros 173.855 euros.
Será el presidente de la nueva formación política hasta marzo de 2015.
bajo las siglas de Foro se convierte en presidente del Principado en mayo de 2011. Con serias dificultades para gobernar, decide adelantar las elecciones. Foro pierde el Gobierno en 2012.
Álvarez-Cascos decide no ser cabeza de cartel en 2015 y, por estatutos, Cristina Coto pasa a ser la presidenta del partido. Cascos será secretario general hasta septiembre de 2018.
Se convierte en la presidenta y candidata de las elecciones de 2019. Cascos pasa a ocupar la vicepresidencia del partido.
En los comicios de 2019 Foro obtiene únicamente dos diputados y ve reducidos notablemente los ingresos.
Moriyón asume como prioridad poner al día las cuentas y encarga una auditoría en la que se detectan gastos personales del dirigente que, se entiende, no están relacionados con la actividad política.
La comisión directiva anuncia la expulsión de Álvarez-Cascos como miembro de la ejecutiva y decide interponer una querella por apropiación indebida. Inicialmente la acusación le exigía el reintegro de más de 230.000 euros en gastos «injustificados» y otros 170.000 por el alquiler «ficticio»de un local en Madrid a una empresa vinculada a su mujer.
El exministro declara ante la jueza que se trata de gastos que responden a su actividad política al frente del partido y que el local alquilado en la capital se usó como sede.
Foro celebra en junio de 2021 su congreso de refundación. Unos días antes, Cascos se da de baja en el partido que el había fundado.
La magistrada abre en febrero de 2022 juicio oral contra Cascos por un delito continuado de apropiación indebida, con la acusación de cargar gastos personales al partido y le impone una fianza de 290.000 euros. El juicio, que fue pospuesto hasta en tres ocasiones, comenzará el martes.
La Fiscalía recibe en enero de 2023 nueve cajas de documentación. Una vez analizado el contenido, incrementa a 181.648 euros el dinero presuntamente apropiado y eleva la condena a 3 años y medio. Además, inicia nuevas diligencias para determinar si existen otros indicios de delitos.
Álvarez-Cascos remitió la pasada semana a este periódico una denuncia presentada por su expareja, María Porto, en mayo de 2023, en la que ella afirma que las nueve cajas de documentación que llegaron a la Fiscalía en 2023 se hallaban en las dependencias de una oficina de Madrid de la empresa Aqualium Spain SL, de la que ella era administradora única, que por unas obras remitió dichas cajas «a las oficinas que tenía en su poder mi pareja sentimental de aquel entonces» y que «no supervisé dicho traslado». Tras enterarse de que «existe una investigación» por «posible revelación de secretos al haberse hecho pública parte de la documentación que custodiaba» y tras comprobar que en las cajas «hay un número inferior al inicial» de documentos, estima que éstos podrían ser «los mismos que se relatan en los medios de comunicación entregadas por 'una fundación' por 'un particular' ante la Fiscalía de Asturias». Cascos indica que la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 11.1 reza que «no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales».
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Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
José A. González y Álex Sánchez
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