La fortuna oculta de Villa suma más de 30 investigados

Las investigaciones comenzaron hace ya nueve años, en febrero de 2013, después de que José Ángel Fernández Villa regularizara 1,2 millones de euros aprovechando la amnistía fiscal del Gobierno del PP, lo que hizo saltar las alarmas en la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, no fue hasta mayo de 2017 cuando comenzaron las primeras detenciones, registros e interrogatorios.

Entre tanto, se inició y concluyó un proceso judicial paralelo, a instancia del sindicato minero Soma, que al hacerse público el blanqueamiento de capital de quien fuera su máximo líder solicitó una auditoría de sus propias cuentas y detectó importantes irregularidades. El sindicato se querelló contra Villa, quien fue condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida y a pagar 425.000 euros en concepto de indemnización, aunque eludió la prisión por su estado de salud.

La investigación impulsada en 2013 por Anticorrupción para tratar de esclarecer el origen de los 1,2 millones regularizados por el exlíder sindical se centra, sin embargo, en la residencia propiedad del Montepío de la Minería. Una batería de informes de la Guardia Civil advierten de irregularidades tanto en la concesión de los más de 30 millones de fondos públicos que sirvieron para sufragar la obra, como en el proceso de adjudicación de los trabajos, así como de los sobrecostes de un proyecto que terminó costando 32,5 millones de euros, 18 más de lo que debería haberlo hecho, según informes que apuntan a «márgenes escandalosos» y a «comisiones ilegales».