Fomento resta urgencia al debate sobre el anunciado cierre de la rampa de Pajares

Si nada se tuerce en unos 100 días debería abrir la variante de Pajares, tras 19 años de obras y pruebas y cerca de 4.000 millones de inversión. El Ministerio de Transportes mantiene noviembre como mes del estreno de un complejo de túneles y viaductos capaces de reducir el viaje en tren a Madrid a tres horas desde Oviedo, tres y media desde Gijón. Por el momento Renfe tiene bloqueada la venta de billetes en la ruta a partir del 6 de noviembre, a la espera de conocer la fecha exacta de estreno.

La variante tiene capacidad para absorber todo el tráfico de viajeros y mercancías que ahora utiliza la rampa de Pajares. La única dificultad para los convoyes de carga era disponer de locomotoras bitensión, un material escaso en el parque móvil nacional, déficit que Renfe y otros operadores están cubriendo adquiriendo nuevas unidades.

El camino se despeja así para que Transportes cumpla lo que lleva años anunciando: que tras la apertura de la variante, cerrará la rampa. El procedimiento reglado para ello implica sacarla de la red ferroviaria de interés general, ofrecérsela a las comunidades autónomas y, caso de que no haya interés, cerrar la parte que no de servicio a cercanías.

Preguntado al respecto, el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, restó urgencia a la cuestión. «Nuestra obsesión es que abra la variante en noviembre y que la podamos aprovechar; luego ya veremos qué hacemos con la rampa y sobre todo qué hace el Gobierno de España, que es el responsable de conservarla o ponerla en servicio como considere dentro del plan de infraestructuras del Estado», anotó. Su meta en lo inmediato es reunir el mes que viene a la mesa del AVE y presentar un estudio sobre cómo afectará la variante al tráfico de mercancías.

Que el plan del ministerio pasa por el cierre de la rampa es algo que anunció en 2018 la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. «No podemos permitirnos la rampa tras hacer una variante de casi 4.000 millones», dijo. El Presupuesto General del Estado del año anterior incluía un proyecto de renovación integral estimado en 145 millones y a ejecutar en un cuatrienio. «Esa es la inversión inicial, luego el mantenimiento de los siguientes 10 o 15 años es muchísimo dinero», aclaró. «Simplemente adecuarla sin mejorar sus prestaciones costaría 700 millones», dijo.

En abril de 2022 la hoy ministra, Raquel Sánchez, lo ratificó: «Dentro de ese análisis de la necesaria sostenibilidad, es cierto que mantener esa rampa tiene unos costes de mantenimiento muy elevados. No se hace lógico mantenerla cuando se ha invertido 4.000 millones y cuando además en caso de cualquier incidencia la propia estructura de doble túnel de la variante permite una respuesta en términos de seguridad». En enero de 2023 Pardo de Vera era secretaria de Estado y elevó el coste de la rampa: «Para que pueda funcionar con las condiciones con las que fue diseñada necesitaría 1.200 millones, y daría un servicio obsoleto. No sería competitiva».

A la vista de estas intenciones y dado la escasa resistencia que encuentran en el Principado y la Junta castellano y leonesa, un grupo de ferroviarios se agrupó en la Plataforma en defensa de la Rampa de Pajares. Los especialistas piden tomar nota de lo ocurrido en San Gotardo, donde el descarrilamiento de un mercancías en un túnel similar a la variante ha causado daños que exigen meses de obra en uno de los tubos. Los planes de seguridad en este tipo de instalaciones impiden tener tráfico de viajeros en un tubo si hay obras en el otro. Es un escenario al que se puede enfrentar la propia variante a largo plazo, toda vez que tiene planificada a futuro una migración de vías en uno de los tubos.

«No hay que generar alarmas a medio y largo plazo que no existen», dijo el consejero, quien pidió huir de «silogismos». «La rampa no permitirá el paso de los futuros convoyes de mercancías, es complicada cualquier compatibilidad de uso», reflexionó.