La Fiscalía sospecha que los últimos incendios «tienen una motivación distinta» a la ganadera

La representante del Ministerio Público matizó que la oleada de fuegos del mes pasado tiene un cariz diferente. «Parecen distintos, la zona que afectaron no tiene nada que ver» con la regeneración de pastos, explicó. «Lo lógico es que tuvieran otra motivación», sospecha Fernández. «Algo diferente pasó en octubre», concluyó.

Para aclarar lo sucedido, la Fiscalía asturiana actuó en dos direcciones. De un lado, asumió la coordinación de todas las investigaciones desplegadas tanto por el Seprona de la Guardia Civil como por las brigadas del Principado. «Aún no se ha procedido a incoar ninguna diligencia de investigación penal, ya que, de momento, se desconocen las causas concretas de cada incendio», señaló. Del otro, ha requerido al Principado para que le detalle qué medidas de prevención ha ejecutado en los últimos años para prevenir este tipo de catástrofes.

«La Fiscalía no es un órgano de prevención, pero valoraremos si el que tenía la obligación de prevenir ese delito actuó correcta o incorrectamente, pues hay delitos por vulneración del deber de cuidado», recordó Fernández. Lo cierto es que en la parte política y administrativa de los incendios hay margen de mejora. Tras la oleada de incendios de finales de 2015 la Junta General abrió una comisión de investigación que ahora, casi dos años después, carece de un dictamen aprobado por los parlamentarios.

La última Estrategia de Prevención de Incendios se aprobó para el periodo 2013-2016 y la última noticia sobre su renovación es que la consejería estaba cubriendo los trámites para contratar su redacción. Parte de las medidas y cambios normativos del documento caduco siguen aún sin aprobarse, como es el caso de la elaboración de un nuevo plan de protección civil por incendios (Infopa).

Algunas de estas insuficiencias ya fueron destacas por la propia Fiscalía tras la oleada de incendios de 2015. A la espera del examen de los últimos sucesos, Fernández avanzó ayer algunos datos.

Según la información que le ha facilitado el Principado, la Administración recibió a mediados de octubre un total de 172 avisos de incendios, de los que 34 «correspondieron a falsas alarmas, sin superficie afectada». Es decir, el 19,8% de las llamadas instaban a dirigir los recursos de extinción a lugares prescindibles. Además hubo otras 21 comunicaciones que dirigieron a los bomberos hasta quemas controladas. Cabe matizar que dadas las elevadas temperaturas y viento, el Principado había activado un índice de riesgo forestal que en la práctica dejaba en suspendo los permisos otorgados para hacer quemas.

La fiscal superior se expresó en estos términos durante la presentación ayer en la Junta General de la memoria que resume lo más destacado de la actividad del departamento durante el pasado año. Daniel Ripa, en nombre de Podemos, solicitó que abordara la reforma de la Ley de Montes, que la Cámara aprobó a iniciativa del PP y con el único voto en contra de su formación. Este cambio elimina la prohibición de que los animales accedan a fincas calcinadas y pasten durante los siguientes años, siempre que el terreno no esté reconocido como masa forestal. El Ministerio de Medio Ambiente tiene recurrida la reforma al entender que la misma vulnera la legislación estatal.

«Lo que está claro es que el delito no puede ser rentable, si lo es, mal vamos», consideró Fernández. «Lo que hay que hacer es perjudicar al que lo hizo, no al que no lo hizo», abundó. La fiscal superior instó así a «valorar caso por caso».

Según explicó, «no hay un perfil único» de los incendiarios. Existe por ejemplo «mucho pirómano», pero también se dan casos «por venganzas personales».

Entre los condenados, asimismo, se han observado «motivaciones económicas», por ejemplo, para generar pastizales o facilitar la venta de madera. Por último identificó a quienes prenden «rastrojos en quemas controladas donde luego viene una ráfaga de viento y se desmadra; el incendio ahí no fue doloso ni voluntario».