La Fiscalía reclama que las víctimas puedan saber cuándo sale de prisión su agresor

Las investigaciones del departamento por supuesta prevaricación crecen un 86% y las de delitos contra la fauna, un 125%

R. MUÑIZ

GIJÓN.

Domingo, 4 de noviembre 2018, 01:47

Desde 2015 está en vigor un estatuto de la víctima que pretende que quien ya sufrió un delito no deba además someterse a un proceso judicial que pase por encima de su dolor. En ese ánimo, y siguiendo instrucciones de la Fiscal Delegada de Víctimas del Tribunal Supremo, sus colegas asturianos han empezado a introducir un párrafo más en sus escritos de calificación. Con él, solicitan que en toda sentencia que implica penas de prisión directa o condicionada al impago de una indemnización, se pregunte al damnificado si quiere que se le notifiquen «los permisos de salida, clasificación penitenciaria y demás resoluciones que pudieran suponer la puesta en libertad del condenado u otras medidas que pudieran afectarle». Así se extendería algo que es habitual en los pleitos por violencia de género, regidos por una Ley Integral del año 2014 que ya recoge que víctimas o familiares puedan saber cuándo el agresor vuelve a la calle.

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Es una de las novedades vividas en un departamento que, además de acusar e intervenir en juicios, tiene capacidad de realizar investigaciones propias, al margen del juzgado.

En estas pesquisas está resultando notable el incremento de los casos estudiados por supuesta prevaricación administrativa, 54 el año pasado, un 86% más que el curso anterior. También están al alza las indagaciones por atentar contra la fauna, con 27 casos, un 125% más que en 2016.

«El mayor número de diligencias de investigación tramitadas lo fueron por delitos relacionados con el medio ambiente y la ordenación del territorio e incendios», tres supuestos por los que se iniciaron 158 investigaciones propias. «Los delitos contra la administración representan el otro gran bloque», apunta la memoria anual. Lejos de remitir, la sucesión de escándalos y condenas parece estar alentando un mayor ánimo denunciatorio, al punto de que los fiscales investigaron por su cuenta 68 historias sobre supuesta corrupción, frente a las 40 del curso anterior y las 72 estudiadas en 2015.

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