La Fiscalía reclama más juzgados de violencia de género y unidades de valoración integral: «La carga de trabajo es exagerada»

María Eugenia Prendes Menéndez, recientemente nombrada fiscal superior del Principado de Asturias, se estrenó esta mañana en la Junta General para presentar la memoria de la Fiscalía del Principado de Asturias correspondiente al año 2023 y aprovechó el momento para reclamar más juzgados de violencia de género y nuevas Unidades de Valoración Integral. Prendes, hasta el pasado mes de septiembre fiscal delegada de violencia de género y doméstica en Asturias, advirtió de la «carga de trabajo exagerada» de los primeros y de los tiempos de respuesta «intolerables» de los segundos para justificar la necesidad de disponer de más medios y recursos.

Concretamente, planteó la necesidad de crear un segundo juzgado de violencia de género en Gijón y de crear uno en Siero, si bien reconoció dificultades a la hora de cuantificar el número de Unidades de Valoración Integral necesarias. «Cuantas, más mejor», respondió a preguntas de los grupos, haciendo especial hincapié también en potenciar la formación en materia de violencia de género porque «a veces nos encontramos con informes que resultan chocantes que procedan de una unidad de valoración forense integral». Igualmente, la fiscal superior también reconoció que el ministerio fiscal ha recibido quejas en relación con la traducción de los intérpretes.

La máxima responsable del Ministerio Público comentó durante su intervención que en la actualidad únicamente hay dos Unidades de Valoración Integral para todo el territorio, en Oviedo y en Gijón, aunque está previsto que se ponga en marcha una tercera en Avilés, si bien Prendes entiende que resultan «claramente insuficientes». «Actualmente se tarda, como media, un año y medio en conseguir un informe, lo que es intolerable y nos ha llevado en más de una ocasión a prescindir de solicitarlos», dijo. Igualmente, también calificó de «intolerable» que los «juicios rápidos» que, por esta condición, deberían celebrarse en un plazo de quince días, tarden en celebrarse «un año y medio o con suerte un año». Asimismo, señaló como «fundamental» que haya trabajadores sociales y psicólogos de guardia 24 horas en el juzgado de violencia de género.

Durante su comparecencia reconoció que continúa la «tendencia creciente» en el volumen de asuntos relacionados con la violencia de género hasta el punto de que «el número de diligencias previas incoadas se duplicó con respecto a 2022 y prácticamente lo mismo sucedió con las diligencias urgentes». Alertó de que los menores son «las otras grandes víctimas de esta lacra» y recordó que, actualmente, desde la reforma de junio de 2021, la medida de suspensión del régimen de visitas en casos de violencia de género es «obligada». Sin embargo, lamentó que en algunas ocasiones se aprecian «reticencias y resistencias» por parte de algunos operadores jurídicos para cumplir esta medida y se fijan visitas «sin contar con la obligada evaluación y sin explicar por qué no constituye en ese caso concreto un peligro para el menor el hecho de que conviva con un varón con un patrón socio-cultural violento».

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